El tribunal no ha admitido los recursos presentados por la Consejería de Sanidad y las empresas adjudicatarias contra la suspensión cautelar del proceso. Ahora sólo les queda acudir al Supremo, lo que podría alargar la situación hasta un año. Javier Fernández-Lasquetty ve cada día más lejos poder cumplir su plan para privatizar la gestión de seis hospitales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado los recursos presentados por la Consejería de Sanidad que dirige y por las empresas adjudicatarias del concurso contra la suspensión cautelar del proceso, manteniendo así la paralización de las externalizaciones. La única opción que le queda ahora al Gobierno de Ignacio González para lograr su objetivo es acudir al Supremo, pero la decisión de este tribunal podría demorarse hasta un año.
Dos de los sindicatos profesionales que habían llevado el proceso privatizador ante los tribunales, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), se han apresurado a celebrar la noticia en las redes sociales, y han aprovechado para preguntar a Lasquetty qué va a hacer ahora tras el nuevo varapalo que le ha dado la Justicia.
Los jueces de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM han desestimado los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y las empresas adjudicatarias (Ribera Salud, Sanitas y HIMA San Pablo) contra la paralización del proceso dictada el pasado mes de septiembre ante un recurso de AFEM.
En aquel momento el TSJM puso el acento en la modificación de los pliegos del concurso que hizo el departamento de Lasquetty a última hora, con el que se rebajó la garantía que debían aportar las concesionarias, y ordenó suspender cautelarmente el proceso hasta que se dictase sentencia. Ahora ha decidido mantener esta decisión, lo que alargará el proceso irremediablemente al menos un año.
Si la Consejería de Sanidad quiere seguir adelante con las privatizaciones sólo puede recurrir la medida adoptada por el TSJM ante el Tribunal Supremo, presentando un recurso de casación, y es más que probable que la resolución de este organismo se demore durante meses, incuso un año, lo que haría que no hubiese una decisión en firme sobre el proceso hasta poco antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2015.
La Sala Tercera asumió de nuevo los recursos a principios de este mes, cuando el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM acordó devolver los recursos sobre las privatizaciones a sus secciones de origen. Los más de 40 jueces que votaron en la reunión celebrada el pasado día 9 no encontraron ninguna contradicción entre salas, como adujo el presidente por entonces del Pleno, Francisco Gerardo Martínez Tristán, para agruparlos en una sala.
Precisamente la decisión de este juez fue muy criticada por su estrecha relación con el PP, ya que está casado con la consejera de Fomento de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del partido que lidera Mariano Rajoy, cargo que ahora ostenta.
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