Los afectados por la venta de viviendas sociales en la Comunidad de Madrid celebran su primera asamblea regional para acordar el calendario de movilizaciones. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) han convocado para mañana una gran asamblea de personas afectadas por la venta de viviendas públicas y sociales de la Comunidad de Madrid.
En un comunicado de la Fravm se explica que las “comunidades de vecinos de diferentes municipios de la región están llamadas a participar en el primer encuentro de ámbito autonómico mañana martes, 20 de enero, a las 19:00, en la sala Teatro del Barrio, en el madrileño barrio de Lavapiés”.
En la cita, los afectados acordarán nuevas movilizaciones unitarias y darán cuenta del estado del recurso contencioso administrativo que han presentado contra el proceso de la venta de sus viviendas.
La federación de asociaciones de vecinos recuerda que “la Comunidad de Madrid ha vendido ya más de 3.000 viviendas públicas a entidades privadas como Azora y Goldman Sachs, y ahora tiene previsto hacer lo mismo con otros inmuebles, que se encuentran en los municipios de Madrid, Navalcarnero, Alcalá de Henares, Móstoles y Leganés, entre otros” y recalca que “esto supone desprenderse de un patrimonio de todos los ciudadanos de la región destinado a garantizar el derecho a una vivienda de colectivos con menos recursos, algo de enorme gravedad en los momentos que vivimos”.
Señala este colectivo vecinal que el pasado mes de agosto, la PAH y la PAVPS anunciaron que si la Comunidad continuaba su plan de venta de parte de su parque de vivienda pública emprenderían acciones legales, por lo que “en noviembre, a instancias de estos colectivos y de la Fravm decenas de ciudadanos afectados, presentaron un recurso contencioso administrativo con el objetivo de paralizar un proceso de privatización de la vivienda pública que atenta contra derechos fundamentales de los y las inquilinas”. y señalan que “el recurso incluye la solicitud de medidas cautelares para suspender el proceso de enajenación de las viviendas públicas hasta que se resuelva el caso en los juzgados”.
También hace notar que ese mismo mes, miles de personas se manifestaron por el centro de la capital contra los planes de enajenación del Gobierno regional y destacan que en diciembre una marcha recorrió en barrio de La Ventilla-Almenara por el mismo motivo. Pero, a pesar de las protestas, la Comunidad de Madrid sigue adelante con su proyecto de venta, ignorando las reclamaciones de las personas afectadas. Por eso, estas han decidido dar un paso más y, a la vez que refuerzan su unión, incrementarán el tono de su protesta.
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