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Los médicos creen que la Justicia impedirá a Lasquetty privatizar los hospitales

El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo de este tribunal se reúne el 9 y 10 de enero para decidir sobre los recursos presentados contra la medida de Lasquetty. Apenas queda una semana para que se conozca la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la privatización de hospitales impulsada por Javier Fernández-Lasquetty, pero los médicos son optimistas. El colectivo cree que el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo de este tribunal, que se reúne el 9 y 10 de enero para decidir sobre los recursos presentados contra la medida de la Consejería de Sanidad, mantendrá la paralización del proceso, por lo que los seis hospitales madrileños que se iban a externalizar seguirán en manos públicas.

Así lo ha indicado el secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), Julián Ezquerra, quien cree que la privatización de hospitales no se llevará a cabo esta legislatura. Este médico está convencido, según recoge actasanitaria.com, de que cuando los jueces se ponen la toga sólo miran al derecho, a la ley. Por ello, y porque “entendemos que tenemos razón”, Amyts cree que “el día 9 y 10 nos la darán y continuarán las medidas cautelares por las que seguirá la paralización de la privatización y habrá que esperar hasta la sentencia definitiva de este contencioso, que puede tardar un año o dos”.

“Si las medidas cautelares no se levantan y son ratificadas, la privatización en esta legislatura es imposible de llevar a cabo”, ha dicho el representante de los médicos, que espera “que este 2014 empiece con buen pie y que las medidas cautelares de suspensión se ratifiquen”.

El sindicato tiene grandes expectativas puestas en el fallo de los 50 jueces que forman el Pleno, que ya no estará presidido por Francisco Gerardo Martínez Tristán. Este juez fue quien decidió agrupar bajo una misma sala todos los recursos presentados por los sindicatos contra la externalización hospitalaria, una medida sin precedentes que fue muy criticada por sus ‘lazos’ con el PP. Martínez Tristán está casado con una consejera de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, y además era uno de los magistrados propuestos por Génova para convertirse en vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Finalmente Martínez Tristán se convirtió en vocal del órgano de gobierno de los jueces, cargo que le exige dedicación exclusiva, por lo que no podía presidir el Pleno de lo Contencioso Administrativo del TSJM ni decidir sobre la privatización de hospitales. Su lugar lo ocupará Miguel Ángel Vegas, el magistrado con más antigüedad de esta sección.

En su reunión de la semana que viene el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo analizará los siete recursos sobre la externalización hospitalaria que quiere poner en marcha la Comunidad de Madrid. Primero abordará el recurso del PSM contra el auto de la Sección Tercera, que rechazó su legitimación para recurrir la convocatoria de la licitación.

Luego tratará la solicitud de medidas cautelares planteadas por dos asociaciones médicas -Amyts y AFEM-, que han piden la suspensión del procedimiento contractual, y posteriormente analizará el recurso de reposición interpuesto por el Gobierno regional contra el auto de la Sección Tercera que acordó la suspensión cautelar de la externalización.

Además, abordará el recurso presentado por CCOO contra el auto de la Sección Octava, que inadmitía el recurso interpuesto por este sindicato por falta de legitimación, y después debatirá el recurso de apelación de la Comunidad frente al auto del 2 de septiembre de 2013 del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid, que acordaba la suspensión del procedimiento.

Por último, el Pleno tratará el recurso sobre la falta de legitimación de varios miembros del PSM, distintos de los anteriormente citados según indica el Tribunal, interpuesto por la Comunidad Autónoma de Madrid, y analizará la solicitud de suspensión del procedimiento pedida por estos representantes políticos, que recayó en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 28 de Madrid, que se inhibió a favor de la Sección Tercera del TSJM.

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E.B.

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