Inés Sabanés cree imposible que Esperanza Aguirre e Ignacio González desconocieran los negocios de las empresas de la trama con el Gobierno regional. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a Esperanza Aguirre en el caso Gürtel para el próximo martes 17 de diciembre para que testifique sobre los contratos con las empresas de la trama recibieron del Gobierno regional madrileño, pero a Equo no le parece suficiente. La formación ecosocialista exige que el Gobierno de Ignacio González garantice el derecho ciudadano de acceso a la información de todos los datos y documentos implicados en esta trama, para que se pueda realizar una auditoría “independiente” en la que se evalúe el volumen del “saqueo”.
Equo Madrid califica de “escándalo monumental” las últimas informaciones conocidas sobre la trama de corrupción Gürtel vinculada al PP e investigada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ya que últimos documentos conocidos, se constatan los importantes “beneficios” que la trama Gürtel obtenía a través de diferentes actos institucionales de la Comunidad de Madrid.
En su página web, la formación ecosocialista señala que “con estos documentos de la causa se va confirmando lo que durante años se ha denunciado, y es que lo que se conoce hasta ahora podría suponer solo la punta del iceberg de “la trama” que se ha beneficiado de forma irregular de dinero público, atravesando a todas las Consejerías.
Para Inés Sabanés, coportavoz de Equo Madrid, “es del todo imposible que el Gobierno de la Comunidad, su expresidenta Aguirre y su actual presidente, Ignacio González, desconocieran el tráfico de facturas infladas que, desde distintas empresas relacionadas con la trama, facturaban actos del propio Gobierno de la región”.
Recuerda que cuando estalló a el caso Gürtel, en 2009, el Gobierno regional tardó meses en dar los datos de los “contratos menores” y únicamente contabilizaron expedientes tramitados en la legislatura del 2007, aun sabiéndose por diversos medios que las irregularidades habían empezado en el ejercicio de 2003/2004.
Y añade que “el entonces consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, facilitó datos de 183 contratos por 2,3 millones de euros”, cuando “en la actualidad, 4 años después y a pesar de la gran oposición que ha ejercido el gobierno de la Comunidad de Madrid para que se conocieran los datos, se estima que fueron 8,7 millones de euros los pagados a diferentes empresas de la trama ‘Gürtel’” y explica que “éstos habrían supuesto unos beneficios de más de cuatro millones de euros y más de 300 contratos para la trama, mayoritariamente fraccionados para evitar los concursos públicos”.
Además, Equo considera un agravante añadido “la falta de transparencia de todo este proceso, donde el Gobierno regional ha tratado de ocultar las dimensiones del despilfarro y de impedir el control político y ciudadano, blindando para la ciudadanía informaciones y datos relevantes”.
Por ello, Sabanés considera que “es absolutamente urgente que el Gobierno regional garantice el derecho ciudadano de acceso a la información de todos los datos y documentos implicados en este trama. De esta forma, sería la propia ciudadanía y organizaciones independientes, quienes conduzcan la Auditoría, evalúen el volumen del ‘saqueo’ y constaten cómo éste ha tenido un efecto directo en la situación económica de los presupuestos públicos de todos los madrileños”.
