La Comunidad Valenciana pagará cerca de 700 millones de euros en tres partes a Ambulevante SL, una unión de empresas próxima a la Consejería de Sanidad regional. Alberto Fabra ha decidido adjudicar a una empresa vinculada al PP el macrocontrato del transporte sanitario urgente y ordinario mediante vehículos ambulancia y similares para los próximos 10 años. Según informa El Mundo, la Comunidad Valenciana pagará cerca de 700 millones de euros en tres aprtes a Amblulevante SL, una unión de empresas próxima a la Consejería de Sanidad regional.
Tal y como explica el diario de Pedro J. Ramírez, el consejero de Sanidad Manuel Escolano ha adjudicado este macrocontrato en varios lotes. Concretamente, la concesionaria gestionará el servicio durante cuatro años por 235.781.179 millones de euros, y podrá prorrogar el contrato otros seis años (un lote de cuatro y otro de dos anos), hasta completar los diez que había previsto inicialmente el Ejecutivo de Fabra.
No obstante, aunque la cuantía del contrato se ha reducido (el concurso se anunció al principio por 771 millones), la adjudicación ha indignado al sector porque se han aglutinado los 27 lotes en los que se dividía el transporte sanitario en uno solo para toda la región, y la adjudicataria ha sido una única UTE empresarial.
Este colectivo se queja de que las propias cláusulas acotaban tanto el mercado que sólo ha permitido que se presentara Ambulevante SL, una unión de empresas que ha sido cuestionada por su proximidad al PP y la Consejería de Sanidad. Concretamente, las críticas han llegado porque el director de Ambulancias CSA -que participa en la UTE-, Ángel Garzón Segura, es secretario de Logística en comité ejecutivo local del PP de Castellón.
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Transporte Sanitario (Agetrans) y la Asociación de Empresas de Transporte Sanitario de Levante han cargado duramente contra el Gobierno de Fabra, ya que este concurso “no sólo elimina cualquier posibilidad para que la competencia concurse, sino que acaba con todo el sector porque quien gane la adjudicación se queda con más del 90% del trabajo de la Comunidad Valenciana para los próximos 10 años”.
Los pliegos del concurso, recuerdan estas empresas, exigían contar con un total de 368 vehículos, de los que se debía acreditar tener disponibilidad y posesión, con permiso de circulación, ficha técnica, tarjeta de transporte y certificación técnico-sanitaria en la fecha de presentación, mientras que para el resto de vehículos (146), se debía aportar justificación documental de su posesión en las mismas condiciones.
Asimismo, creen que se ha impedido el acceso a las empresas pequeñas no sólo aglutinando los 27 lotes en uno solo, sino también con la exigencia económica que impuso la Comunidad Valenciana. La Generalitat pidió acreditar una facturación igual a la mitad de la licitación anual del concurso que, como es para 10 años, suponía 35 millones al año.
