En el último año, el precio del agua se ha incrementado en el país, aunque en unas ciudades más que en otras. En los últimos 12 meses, la factura del agua en España ha subido una media del 6,8%, según un estudio de la unión de consumidores Facua. Eso sí, el incremento en el precio no ha sido uniforme en todas las ciudades.
La subida ha propiciado, entre otros factores, que haya diferencias entre ciudades de hasta el 332,8%, unos 420 euros anuales, para una vivienda con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales, tal y como recoge lamarea.com.
Así, la provincia en la que más cuesta el agua es Murcia, con 28,67 euros para un consumo de 10 metros cúbicos con un contador individual de 13 milímetros; seguida de Cádiz, 22,08 euros; y Palma de Mallorca, 21,71 euros. En el lado opuesto, se encuentran Salamanca, 12,28 euros; Castellón, 12,74 euros; y Badajoz, 12,81 euros.
Sin embargo, hay otras localidades como La Coruña donde el precio del agua es barato (15,17 euros), pero la factura se ha incrementado en un 41% en este último año. Esto se debe a la puesta en marcha de una depuradora de aguas residuales, supramunicipal, y se establece una tarifa nueva para pagar este servicio.
Las otras ciudades en las que más ha subido la factura del agua son Ciudad Real, 27,4% (debido a la aprobación de una cuota fija de saneamiento), Cuenca (13,6%) y Santander (13,1%).
Para Facua, “estas subidas obedecen no sólo a los incrementos aprobados por las empresas suministradoras de agua, sino también a los aumentos de los cánones o a la aparición de otros nuevos de municipios o comunidades autónomas”.
En este sentido, la asociación exige que se penalicen los consumos excesivos y se apliquen tarifas progresivas en función del número de habitantes del inmueble. La asociación advierte de que los núcleos familiares con más miembros, podrían estar pagando el metro cúbico como si estuvieran derrochando agua cuando en realidad puede que estén realizando un consumo racional de ella.
Finalmente desde la organización de consumidores también reivindican que se incluya en la estructura tarifaria una tarifa social para que los colectivos de especial protección no se queden sin este suministro básico.
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