Escasez de vacunas en los ambulatorios madrileños por los recortes de Lasquetty

Según una encuesta de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), un 74% de los centros de salud han tenido problemas con la dotación de vacunas en el último mes. Los recortes de Javier Fernández-Lasquetty se están dejando sentir con fuerza en la Atención Primaria. Así lo revela un informe elaborado por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), que pone de manifiesto que un 73,9% de los centros de salud de la región han tenido problemas con la dotación de vacunas en el último mes. También se ha registrado déficit en la llegada de material para curas y tratamientos.

El informe, dado a conocer esta misma semana, muestra cuáles están siendo los problemas y carencias que afectan a los ambulatorios tras los recortes acometidos por la Consejería de Sanidad. El estudio se realizó entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre en 94 centros de salud de la región (52 de Madrid y 42 de otros municipios), a través de una encuesta a la que contestaron los propios trabajadores de los centros, que son los que conocen de primera mano el impacto de las medidas del Ejecutivo autonómico en la Atención Primaria.

Así, además de la alta deficiencia registrada en el suministro de vacunas, también han sido significativos los problemas denunciados a la hora de recibir material para los enfermos diabéticos (un 58,7% de los centros han tenido problemas en este sentido) y para curas y tratamientos (un 73,9% de los casos).

Y en cuanto al personal la situación no es mejor. Según el estudio de ADSPM, los efectos negativos de los recortes de Lasquetty se han dejado sentir en el hecho de que “las reducciones de jornadas y las bajas por enfermedad no son cubiertas en la mayoría de los casos, y estas últimas nunca antes de los 15 días”, lo que produce un aumento de la presión asistencial de los profesionales, que tienen menos tiempo para atender a los pacientes y eso provoca una “menor calidad de la atención”.

En este sentido, el estudio revela que en cuanto a la atención a la ciudadanía se han producido diversas modificaciones en los protocolos de atención a los pacientes crónicos, ampliándose el intervalo de tiempo en los controles realizados a estos enfermos en el 58,7% de los ambulatorios.

Por otro lado, en el 67,4% de los casos se han detectado derivaciones de los enfermos a centros privados para pruebas diagnósticas, mientras que en un 58,7% se hizo para acortar tiempos en cuanto a intervenciones quirúrgicas. Los profesionales, dice esta Asociación, se enteras de estas derivaciones a través de los propios pacientes, lo que “vuelve a evidenciar que estas derivaciones se producen directamente desde los ‘call center’ y sin informar” a los ambulatorios.

Por último, el estudio destaca que considerando 48 horas como el máximo razonable para las citaciones en Atención Primaria, se han encontrado deficiencias en la mayoría de ambulatorios. Concretamente, en un 45,7% respecto a las citaciones de medicina general, en un 37% para la consulta con las enfermeras, en un 31% de los casos en cuanto a citaciones técnicas, y en un 6,5% para los pediatras.

Todo ello, dice la ADSPM, teniendo en cuenta que la encuesta “se ha realizado en un momento en el que no existía ningún pico en la demanda (como puede ocurrir, por ejemplo, con la gripe), por lo que estas demoras en las citaciones pueden llegar a duplicarse en los momentos de mayor presión asistencial”.

En resumen, señala esta asociación, “los recortes presupuestarios están afectando de manera importante a la Atención Primaria, en cuanto al personal, a los recursos que utiliza, a la atención a los enfermos y a los aumentos de las demoras”. Una situación que responde claramente a la estrategia que sigue el PP en lo que a Sanidad pública se refiere: “se lleva a cabo un deterioro intencionado de su funcionamiento para así justificar su privatización”.

Los resultados de esta política, “con un empeoramiento de la salud en la población, muy probablemente no se harán esperar si no se produce una rectificación de esta política de desmantelamiento y deterioro de los servicios públicos básicos”, concluye la ADSPM.

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