La Ley de Medidas fiscales establece multas a los taxistas que pueden alcanzar hasta los 6.000 euros. El Gobierno de Ignacio González ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2014, que acompaña al Presupuesto, en el que, con la excusa de luchar contra los taxis piratas, ha tomado medidas para ordenar el sector del taxi y poder cobrar multas, actuaciones que el Gobierno regiónal califica en su nota de “importantes reformas”.
Para luchar contra la práctica de los “taxis pirata”, se podrán inmovilizar los vehículos que se utilicen para esta práctica ilegal y, en caso de que el infractor no pague la sanción correspondiente, se podrá subastar para afrontar el pago.
Además, los vehículos dedicados al arrendamiento con conductor con autorización domiciliada en la Comunidad de Madrid deberán llevar un distintivo, lo que, además de suponer una garantía para los viajeros, facilitará la inspección y evitará el intrusismo y la competencia desleal con los profesionales de este servicio y también con los taxistas.
Igualmente, se regula detalladamente el régimen de infracciones y sanciones del servicio del taxi. En primer lugar, se establecen las cuantías económicas de cada tipo de infracción, sea leve, grave o muy grave, que pueden alcanzar hasta los 6.000 euros.
También se tipifican todas las posibles infracciones objeto de sanción, prestando especial atención a aquellos aspectos que inciden directamente en la calidad del servicio.
Entre otros aspectos, la nueva normativa regula la obligación de respetar el régimen de paradas y de identificar correctamente los vehículos y si se encuentran libres, así como de ofrecer en el interior de los vehículos a los usuarios información sobre las tarifas y poner a su disposición hojas de reclamaciones. También incluye la obligatoriedad de permitir el pago con tarjeta y entregar al usuario que lo solicite un tique de pago.
El presidente de la Comunidad, Ignacio González explicó que hasta ahora este régimen de sanciones viene recogido en la Ley Orgánica del Transporte a nivel nacional, es decir, que ya existen todas las obligaciones que se contemplan, pero que se incorporan a la ley autonómica para poder establecer las consecuencias de las infracciones. Es decir, para poder cobrar las multas.
