La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha aparcado el proceso judicial hasta que se resuelva la recusación presentada por el PSM contra Francisco Gerardo Martínez Tristán. El proceso judicial que está en marcha contra la privatización de hospitales ideada por Javier Fernández-Lasquetty ha sido suspendido hasta que se resuelva la recusación presentada por el PSM contra el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La formación que lidera Tomás Gómez recusó a Francisco Gerardo Martínez Tristán, que emitió una orden para aunar todos los recursos en el Pleno, bajo su presidencia, por ser un juez cercano al PP. Está casado con la consejera de Fomento de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y era uno de los candidatos de Génova para la renovación del CGPJ.
La resolución de todos los procesos judiciales contra las externalizaciones que pretende acometer la Comunidad de Madrid tendrá que esperar. Así aparece reflejado en un auto del 4 de noviembre de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, que recoge El País, en el que se indica que el Pleno se reunió el 31 de octubre y acordó “la suspensión del curso del pleito hasta que se decida el incidente de recusación”.
Tal y como se explica en el texto, se trata de una decisión adoptada por “la mayoría de los magistrados presentes”. “Como quiera que la recusación se ha planteado respecto del presidente de la sala, que fue quien avocó al Pleno la resolución de los recursos contenciosos […] la mayoría de los magistrados entienden que los efectos de tal recusación podrían afectar a la decisión a adoptar en el resto de los recursos avocados al pleno”, dice el auto en los razonamientos jurídicos.
El Pleno de la Sala, formado por 50 magistrados, deja así en ‘stand by’ los cuatro procedimientos abiertos en el TSJM contra las privatizaciones de Lasquetty. Se trata de los tres que llevaba la Sección Tercera y un cuarto que había recaído en la Octava. No obstante, no todos los magistrados estaban de acuerdo con esta decisión, y emitieron un voto particular en el que indicaban que aunque la recusación podía apartar temporalmente a Martínez Tristán, el resto de jueces “no se ven afectados por dicha recusación, que no ha sido formulada contra ellos”.
Cuando el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo emitió la orden de aunar todos los recursos bajo su mando, la Marea Blanca mostró su temor por el hecho de que la relación del juez con el PP acabara por llevarse por delante el trabajo de meses con el que se había logrado la suspensión cautelar de las privatizaciones. Sin embargo, el PSM actuó con rapidez recusando al magistrado, lo que ha permitido que se frustren las esperanzas de la Comunidad de Madrid, que según algunos observadores políticos confiaba en una pronta resolución de la situación para seguir adelante con la externalización de seis hospitales.
La formación que lidera Tomás Gómez recusó a Martínez Tristán al considerar que su relación con el PP le restaba imparcialidad. Concretamente, los socialistas alegaron que el magistrado está casado con una consejera de la Junta de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, actual titular de Fomento en este Ejecutivo y anteriormente alto cargo de la Comunidad de Madrid, y que además era uno de los 55 candidatos entre los que el Congreso debería elegir a los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces.
