La Marea Blanca cree que ahora están más cerca de acabar con todo el proceso de privatizaciones de los hospitales de Madrid. La justicia les ha dado hoy una alegría a los médicos y al personal sanitario de Madrid. El auto del juez Marcelino Sexmero que ratificaba la imputación que pesaba sobre los exconsejeros de Sanidad, Juan José Güemes y Manuel Lamela, ha sido calificada por la portavoz de la AFEM, Fátima Brañas, como un éxito, ya que, según sus palabras, “un magistrado dice que los ciudadanos también podemos instar a que se persigan posibles delitos”.
En declaraciones a Europa Press, Brañas ha manifestado que es “una buena noticia” el auto de ratificación de las imputaciones de ambos exconsejeros y entiende que los hechos que expone la querella “pueden ser constitutivos de delito”.
La portavoz de AFEM ha explicado que el auto, por un lado, apuntaba que el texto de la querella debería haber sido más claro en el apartado de los presuntos delitos descritos aunque, por otro, deja claro que «es verdad que se puede deducir los posibles delitos cometidos y las personas responsables».
Finalmente, ha remarcado la «confianza plena» de AFEM en la labor de la Justicia y ha añadido que el auto supone «un paso más» en la máxima de que la «Justicia es igual para todos».
Aunque Brañas no ha sido la única que se ha pronunciado sobre la decisión de Sexmero. En declaraciones a La Sexta, otra portavoz de AFEM, Mónica García ha calificado la ratificación de la imputación de Güemes y Lamela como una “victoria judicial”. A lo que ha apostillado que esto es un “triunfo de la Marea Blanca, integrada por todos”.
Lamela y Güemes están imputados por cohecho y prevaricación por su gestión en la primera época de la externalización sanitaria relativa al Infanta Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles) y el de Torrejón de Ardonz,
Sin embargo, éstos no eran los únicos a quienes se refiere el juez Sexmero. La cúpula actual de la Sanidad madrileña, (la viceconsejera Patricia Flores y el director de Hospitales, Antonio Burgueño), está acusada de malversación de caudales públicos.
Mientras que las empresas que gestionan privadamente la Sanidad pública (Capio, Ribera Salud, Unilabs, Asisa y la Fundación Jiménez Díaz UTE) también han sido imputadas por cohecho, ya que su participación fue necesaria para que Lamela y Güemes cometiesen ese mismo delito.
Después de conocer esta resolución de hoy, algunos miembros de la Marea Blanca aseguran que se ha logrado gracias al polémico cambio del bufete de abogados por el que la AFEM apostó para centrarse en la vía penal.
El pasado mes de septiembre, la AFEM decidió cambiar prescindir de los servicios del despacho López Rodó & Cruz Ferrer, bufete que elaboró el recurso que ha logrado la paralización cautelar del proceso de privatización, por el Estudio Jurídico Liria.
El motivo de este polémico cambio era que la AFEM necesitaba “mejorar la estrategia jurídica desde el punto de vista penal”, según explicaron a El BOLETIN, desde esta asociación. López Rodó & Cruz Ferrer era experto en “materia administrativa”, pero “con el peso que ha tomado la vía penal, queríamos mejorar la estrategia”, según reconoció Patricia Alonso, miembro de la junta directiva de AFEM.
Ahora por la vía penal, se abren las esperanzas de lucha, ya que por la contencioso-administrativa está más difícil porque el marido de una consejera de Cospedal, Gerardo Martínez Tristán, será el magistrado que decidirá sobre la privatización de hospitales, después de que el tribunal madrileño, en una extraña decisión, haya decidido agrupar todos los recursos pendientes para analizarlos a la vez.
Por cierto, que, al cierre de esta edición, ninguno de los imputados o portavoces del PP madrileño se han pronunciado sobre el auto de Sexmero. Sí lo ha hecho el portavoz adjunto del PSM en la Asamblea de Madrid, Jesús Quintana.
En una rueda de prensa en la Asamblea de Madrid, el portavoz socialista ha manifestado que, con esta imputación, se demuestra que existe la «puerta giratoria», es decir, que en la externalización de servicios sanitarios se hacen «negocietes» con las empresas «tras abandonar la administración», según información de El Diario.
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