Los dirigentes de la CGT de Andalucía no aceptan esa corriente que culpabiliza a todos los sindicatos de participar en esquemas de financiación ilegal. La central sindical andaluza ha revelado hoy en un comunicado que la juez Alaya ha aceptado la personación como acusación popular de esta organización en el ‘caso de los ERE’.
Aunque también explica que la magistrada ha tardado mucho en dar ese paso. Sobre todo porque el sindicato ya había solicitado su incorporación hace meses y no ha sido hasta que en septiembre volvieron a plantearle la cuestión cuando por fin la jueza ha fallado a su favor.
Mediante la personación, CGT pretende contribuir a “separar el grano de la paja” haciendo ver que “el rechazo de la corrupción no sólo no es exclusivo de la derecha, sino que ésta sólo lo expresa cuando saca rédito político y mediático”.
El comunicado ha recordado que CGT-A, por su implantación sindical en numerosas empresas, como Delphi o Santana, «ha tenido ocasión de denunciar de primera mano, y desde el primer momento, las prácticas clientelares del sindicalismo pactista» y considera que «el hecho de que, además, esas prácticas hayan llevado a la corrupción, entra en la naturaleza de la falta de controles sociales y democráticos».
«Hemos denunciado, desde el primer momento, el mal uso de los importantes recursos públicos movilizados; nosotros no necesitamos presumir de no haber participado en corruptelas», ha aseverado el sindicato, que rechaza «sumarse al coro del descrédito de lo público», de forma que rechaza «tanto la corruptela como las salidas y ‘soluciones’ autoritarias y liberales», y se ratifica en «la necesidad de la autogestión y la participación social en la defensa y gestión de lo público».
A la espera de revisar el «voluminoso material» de las actuaciones, la posición de la CGT en este procedimiento va encaminada a «defender los derechos económicos, laborales y sociales de los trabajadores y entiende que lo que se ventila en la querella afecta directamente a esos derechos, al destino de los fondos públicos presupuestados para la promoción de empleo, para la formación profesional, a la negociación colectiva y a la estabilidad en el empleo», tras lo que ha destacado que han sido centenares los trabajadores afectados por la negociación de los distintos ERE.
CGT se congratula de la decisión del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al tiempo que la considera «necesaria, por la enorme trascendencia social y sindical de este caso».
Ha explicado que el sindicato ha realizado su personación como acusación popular con el objetivo de «contribuir a la clarificación plena de los hechos y a la exigencia de la asunción de todas las responsabilidades, que puedan derivarse, por parte de las personas presuntamente implicadas».
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