El Ejecutivo quiere que los consumidores sepan con exactitud qué servicios contratan y qué derechos tienen a la hora de contratar cualquier servicio a distancia. El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva ley de protección de los consumidores con la que pretende acabar con las cláusulas abusivas y la “letra pequeña” de los contratos. Según Ana Mato, el objetivo del Gobierno es que los consumidores sepan con exactitud qué servicios contratan y qué derechos tienen a la hora de contratar cualquier servicio a distancia.
Tal y como ha indicado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con esta norma el Ejecutivo pretende “establecer un nuevo marco para regular los contratos a distancia y los contratos que se hacen fuera de los establecimientos mercantiles”, así como “regular las cláusulas abusivas” en los contratos de “gran parte de servicios más demandados (telecomunicaciones, agua, energía y seguros) que se contratan a distancia”. La razón: que estos sectores “concentran la mayoría de reclamaciones” de los usuarios, concretamente “más de 400.000”, ha dicho Mato.
El Gobierno quiere también “frenar las cargas encubiertas en las compras por Internet”, por lo que obligará a que el consumidor acepte “el precio final con pleno conocimiento antes de realizar la transacción”. Para ello el Ejecutivo ha decidido ampliar “la información que habrá que dar a usuarios antes de la firma de los contratos a distancia” y obligar al empresario a “velar por que el consumidor confirme que es consciente de las obligaciones de pago”. Tendrá que haber un “consentimiento expreso por escrito. Si no, el usuario tendrá derecho al reembolso de ese pago”, ha señalado la ministra.
Asimismo, respecto a los cargos adicionales en los contratos a distancia, el Gobierno obligará al empresario que habilite una línea telefónica para sus consumidores a no imponer un “coste superior al de la tarifa básica”, es decir, no podrá tratarse de “teléfonos con coste adicional”.
No obstante, la norma impulsada por el departamento de Ana Mato ya ha recibido las primeras críticas, concretamente de FACUA. La organización de consumidores ha cargado contra esta ley a través de su cuenta de Twitter, donde ha dicho que “el proyecto de reforma de la ley de consumidores se queda extraordinariamente corto en la protección de nuestros derechos”.
Según FACUA, esta reforma “será otra norma que grandes corporaciones incumplirán con impunidad ante la pasividad de Gobierno y las comunidades autónomas”. Además, critica que regule “de forma confusa” el uso de teléfonos 902 y no imponga “la gratuidad de ningún teléfono de atención al cliente”.
