‘El País’ advierte hoy que la intención de la Fiscalía Anticorrupción de apartar al juez José Castro de la instrucción del ‘caso Nóos’ puede “erosionar”, aún más si cabe, en la credibilidad de la justicia. En un editorial, el diario de Prisa asegura que en esta trama el sistema judicial “se juega su credibilidad y la confianza de los ciudadanos”. Algo en lo que “no ayuda la premura con que el ministerio fiscal quiere arrebatar el caso al juez que lo instruye desde hace tres años”.
Si ayer era ‘El Mundo’ el que defendía la continuidad del juez Castro, hoy ha sido ‘El País’ el que ha dado la cara por este magistrado. Y lo ha hecho, al igual que el diario de Pedro J. Ramírez, con un editorial en el que además carga contra el aforamiento de políticos y cargos institucionales ante cualquier causa.
Bajo el título ‘Demasiada premura’, el periódico del Grupo Prisa asegura que este aforamiento “aparece cada vez más como un privilegio insostenible en las democracias modernas” en las todos somos iguales ante la ley.
“Pero no solo eso”, advierte en este editorial, ya que este aforamiento “con frecuencia se convierte en un obstáculo para la investigación del delito, al romper el impulso inicial que la motivó y quedar en manos de instancias judiciales alejadas del originario foco delictivo al tiempo que próximas a los círculos del poder”.
Precisamente, “ese riesgo planea” sobre el ‘caso Nóos’ después de que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares haya solicitado que los 160.000 folios de la investigación pasen a manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El motivo, remarca ‘El País’, la condición de aforados del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ambos diputados en las Cortes levantinas. A los dos veteranos cargos del PP se le pide su imputación por los delitos de presunta malversación, prevaricación, fraude y falsedad en documento oficial.
Esto, dejaría “fuera de juego” a Castro, que, según recuerda el diario, “instruye el sumario desde hace tres años y está a la espera de concluirlo tras diversas diligencias sobre la infanta Cristina”.
“Sorprende que el mismo fiscal que inicialmente mantenía la procedencia de una investigación paralela, como pieza separada de la principal, sobre el papel de Camps y Barberá en la concesión de más de tres millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos, se pronuncie ahora contra esa posibilidad”. Y todo, “aduciendo la doctrina clásica de que el imputado aforado prevalece sobre el que no lo es ‘cuando no pueda escindirse la causa”.
Sorprende también, según se señala en este editorial, que Anticorrupción plantee esa solicitud incluso antes de que el tribunal valenciano haya tomado una decisión sobre la imputación de Camps y Barberá “y que deduzca con tanto adelanto que los hechos que puedan atribuírseles no son judicialmente escindibles de los que investiga el juez Castro en Palma de Mallorca”.
Por todo ello, asegura que habrá que esperar a ver qué hace el órgano judicial de la Comunidad Valenciana, ya que si decide asumir la competencia en un caso “tan complejo y voluminoso y que afecta en buena parte a hechos acaecidos en otra comunidad”, Castro puede alegar que la causa se le está siendo “arrebatada indebidamente”.
De ser así, ‘El País’ lo tiene claro: “Constituiría un escándalo que el caso Nóos, despiezado o no, quedara sin investigar en todas sus ramificaciones”.
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