Inés Sabanés, co-portavoz de EQUO Madrid, pide a los ciudadanos que se ‘rebelen’ contra la adjudicación a empresas privadas de los hospitales de Vallecas, Arganda y Coslada y reclamen su adscripción a centros públicos.
En este sentido, Sabanés advierte que “según la propia ley regional sobre libertad de elección, se deberá contemplar un sistema que permita que los pacientes asignados a estos hospitales puedan cambiar a los de gestión pública”.
EQUO Madrid advierte en su página web que el anuncio del consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, de la adjudicación definitiva de la gestión de los hospitales Infanta Leonor (Vallecas) y del Sureste (Arganda) a Ribera Salud, así como el del Henares (Coslada) a BUPA S.A., augura, para EQUO Madrid, un “otoño caliente” con nuevos conflictos en la Sanidad.
Este movimiento social y político recrimina que el anuncio de estos cambios se haga en el mes de agosto, a pesar de que se iniciarán en septiembre, lo que, a su juicio, r”esponde a una estrategia de distracción de Fernández-Lasquetty para seguir beneficiando a empresas y, por tanto, a intereses privados, en lugar de a los usuarios de la Sanidad”.
Inés Sabanés denuncia que “para garantizar el negocio de las empresas privadas”, el Gobierno de Ignacio González “va a someter la Sanidad a un caos, siguiendo con la temeridad de la privatización, que responde a un proceso plagado de irregularidades y de opacidad”. “Es un proceso bajo sospecha, con múltiples denuncias.
Y añade que “las prisas del Consejero y del Gobierno muestran, una vez más, su prepotencia y su sumisión a las empresas privadas del sector”:
En opinión de EQUO las “irregularidades y opacidad” del proceso de privatización de la Sanidad madrileña, requieren “una investigación sobre si existen relaciones entre la empresa previsiblemente adjudicataria de varios hospitales – ‘HIMA San Pablo’ y especializada en turismo sanitario – y los intereses del ex consejero Manuel Lamela, en el mismo sector”.
Además, insisten en la urgencia de realizar una “auditoría sanitaria, para que la ciudadanía conozca los efectos y riesgos de las adjudicaciones, así como las relaciones que han existido entre el Gobierno regional, las adjudicatarias y las constructoras”.
EQUO recuerda que “ya informó a la Fiscalía, el pasado mes de febrero, de hechos que están siendo finalmente investigados, pese al nulo interés de ésta en indagar sobre un tema que está generando gran alarma social y la oposición de sectores profesionales y ciudadanos”.
