De momento, el recargo sólo afecta a los nuevos usuarios, pero se generalizará a partir del 1 de enero de 2014. Hasta el pasado 1 de julio, sólo el 2% de los ‘clientes’ de este servicio se veían obligados a pagar por él. Con los nuevos baremos introducidos por el Ayuntamiento la cifra se elevará hasta el 66%.
Desde el Gobierno de Botella se ha señalado que el Consistorio ya destina 87 millones de euros de su presupuesto para poder mantener este servicio, que usan unos 130.000 mayores en Madrid y que consiste en un dispositivo móvil situado en su domicilio que pueden pulsar en caso de necesidad.
La encargada de presentar el ‘recorte’, según una información de la Cadena SER, ha sido la delegada de Familia y Servicios Sociales, Dolores Navarro. En su versión, se trata de una decisión tomada para aplicar la justicia social: “que paguen un poco más quienes tengan más”. Para que, en las circunstancias actuales el servicio pueda mantenerse.
El pago oscila entre 3 y 12 euros, en función de la renta y, según los cálculos oficiales, un 34,3% seguirá exento de pago porque sus rentas están por debajo de los 560 euros mensuales. Otro 25% pagará tres euros, un 18% seis euros, un 13% nueve euros y el 7,9% restante pagará el máximo fijado para el servicio, 12 euros, puesto que su renta supera los 999 euros.
La oposición ha cargado contra la decisión del Gobierno de Botella que, según el PSOE, por ejemplo, no tiene problemas en aumentar la desprotección de los madrileños, para aumentar la recaudación.
Desde IU han mostrado su indignación con este ‘repago’ que penaliza a los pensionistas más desfavorecidos por las necesidades de hacer ‘caja’ de un consistorio, marcado por la mala gestión de sus antecesores.
