En la presentación de su profunda reforma de la Administración, la vicepresidenta del Gobierno ha admitido que más de la mitad del ahorro de 37.700 millones que se prevén, procederán de la destrucción de empleo público.
Soraya Sáenz de Santamaría ha matizado que no habrá nuevos despidos de funcionarios, sino no renovaciones de interinos y amortización de puestos duplicados, entre otras cosas. De tal modo, que ese sería la parte más importante de ese ahorro.
La vicepresidente del Ejecutivo ha explicado que la pretensión del Gobierno es instaurar una nueva «filosofía de la cooperación», en la que las tres Administraciones, local, autonómica y central, compartan información y servicios, lo que permitirá la planificación, según informa elpais.com.
El Gobierno no puede obligar a las comunidades a cumplir, pero sí recomendará y maniobrará gracias al poder que le da la situación financiera de muchas de ellas y la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que estas supriman otros 90 observatorios, eliminen todos los tribunales de Cuentas, las agencias de protección de datos, los órganos de defensa de la competencia y hasta los institutos de opinión.
