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Fabra defiende los privilegios de Camps como expresidente de la Generalitat

Alberto Fabra, presidente de Generalitat Valenciana

Alberto Fabra se ha caracterizado en los últimos meses por marcar distancias con su antecesor en la Presidencia de la Generalitat Valenciana y del PP autonómico: Francisco Camps. Eso sí, sin ‘cabrearle’. El jefe del Ejecutivo levantino quiere evitar un enfrentamiento cara a cara con el veterano dirigente popular, por lo que el partido ha defendido mantener los privilegios que tiene Camps por ser expresidente.

Fabra ya tiene bastantes frentes abiertos (el déficit a la carta, los casos de corrupción que salpican al partido, sus problemas de liderazgo,…) como para crearse uno nuevo. Por ello, ha rechazado de plano la proposición de ley que ha presentado el PSOE valenciano en la que pedía modificar el estatuto de los expresidentes de la Generalitat.

La iniciativa socialista buscaba suprimir la oficina de apoyo a estos exjefes del Ejecutivo regional y prohibir que compatibilicen su presencia en el Consejo Jurídico Consultivo con otro cargo, algo que votó en contra el PP y que, gracias a su mayoría en las Cortes, se rechazó.

Y es que, esta proposición afectaría a Francisco Camps que es el único expresidente de esta autonomía que aún mantiene estos privilegios, ya que sus antecesores, desde Joan Lerma hasta Eduardo Zaplana, han renunciado a estas prebendas.

De ahí, que, por cuarta vez, los populares de Fabra hayan tratado de escurrir el bulto y se hayan opuesto a poner fin a unos privilegios de los que disfruta el que fuera ‘molt honorable’ presidente valenciano. Según el PP, el partido no rechaza a que esta norma “sea objeto de reflexión y ajuste” para acomodarla “a la realidad económica”, pero no “de forma fragmentada y unidireccional”.

Esta situación choca con la campaña que mantiene los populares de Castilla-La Mancha contra José Bono. El partido que lidera María Dolores de Cospedal quiere que el veterano dirigente socialista renuncie a sus privilegios como expresidente de la Junta. Una reclamación en la que ha encontrado el apoyo de la prensa conservadora.

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