La Ley de Transparencia que ha impulsado el Gobierno se ha encontrado con un gran obstáculo: la patronal y los sindicatos. Representantes de la CEOE y de CCOO y UGT han comparecido hoy en el Congreso, donde han trasladado sus críticas contra esta norma. Tal es así, que los empresarios han advertido que, a pesar de esta ley, no publicarán los sueldos de la cúpula de la patronal ni auditará las cuentas. Los sindicatos, por su parte, rechazarán “injerencias de los poderes públicos” en su funcionamiento.
El presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, lo ha dejado claro. La patronal, según recoge Europa Press, no publicará los sueldos de sus dirigentes, ni auditará las cuentas de sus 4.500 organizaciones, ni informará de sus ingresos privados una vez se apruebe la Ley de Transparencia. Para el representante de la patronal esta norma únicamente debe afectar al uso de recursos públicos, que son un tercio de su presupuesto.
De los 19,6 millones de euros del presupuesto de la CEOE para 2013, sólo un tercio procede de fondos públicos, en concreto 6,2 millones. El resto, más de 13 millones, son de las cuotas de las organizaciones que integran la patronal. Un dinero para proyectos concretos que no deberían incluirse en el principio de transparencia impulsado por el Gobierno.
“No tiene sentido que una entidad privada deba informar de la ejecución del presupuestos o auditar sus cuentas obligatoriamente”, ha señalado Montero de Espinosa que ha insistido en que “las aportaciones privadas no deberían estar sujetas a los principios (de Transparencia) porque son aportaciones de entidades privadas”.
«Tratándose de personas privadas al servicio de entidades privadas que cobran sueldos privados no se considera pertinente que las retribuciones de sus altos responsables sean expuestas públicamente”, ha continuado el representante de la CEOE.
Estas críticas hacia esta norma han sido compartidas por CCOO y UGT. Para los sindicatos, estas organizaciones en defensa de los trabajadores deberían incluirse en esta Ley de Transparencia, pero sólo para conocer la gestión de los fondos públicos que perciben y nunca para “limitar el derecho de libertad sindical” o atentar contra su “autonomía organizativa”, según recoge esta agencia de noticias.
“Más allá del control público sobre los recursos públicos, la ley no puede ser en ningún caso limitadora del derecho de libertad sindical, que implica una completa autonomía organizativa y una prohibición de injerencia de los poderes públicos”, ha asegurado el secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito.
Tesis que ha compartido el secretario de participación de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell, que ha remarcado que los sindicatos tienen “derecho a organizar su administración” y que las “autoridades públicas deben abstenerse de entorpecer ese derecho y su ejercicio”.
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