Los médicos han cargado duramente contra Ignacio González y le han acusado de querer ir más allá con su plan privatizador de la Sanidad. Concretamente, el colectivo denuncia que el verdadero objetivo del presidente madrileño no es otro que privatizar la Seguridad Social, ya que lo que propone en los pliegos “no constituye una concesión de servicio público, sino un contrato de seguro de salud”.
La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y el bufete López Rodó & Cruz Ferrer, al que han contratado para llevar a los tribunales a la Comunidad de Madrid por las privatizaciones, han elaborado un informe en el que analizan detalladamente los pliegos de condiciones elaborados por el Gobierno regional para externalizar la gestión de seis hospitales.
En él, denuncian que el contrato “no constituye una concesión de servicio público, sino un contrato de seguro de salud”, ya que la Comunidad de Madrid “está asegurando la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social y creando un régimen especial parecido al de las Mutualidades de los empleados públicos”.
Los médicos aseguran que “lo que se privatiza no es la Sanidad sino la Seguridad Social”, con lo que el Ejecutivo autonómico está “invadiendo competencias que la Constitución asigna claramente al Estado”. Según explican, el objetivo de los pliegos “no es la concesión de los servicios”, sino que lo que la Consejería pretende es que “las empresas concesionarias le aseguren que el coste de la asistencia sanitaria a la población ‘protegida’ por cada hospital que va a ser privatizado no supere las primas por cápita que les pagará cada mes”.
“El objetivo es el coste, no la prestación del servicio sanitario y eso es muy importante. De hecho, gran parte de la asistencia sanitaria se seguirá prestando por los grandes hospitales públicos de Madrid, que son los únicos que disponen de determinados Servicios” afirma este informe.
Asimismo, los médicos indican que “esta distinción entre el aseguramiento del coste y la prestación efectiva del servicio tendrá un efecto sorprendente: la Comunidad adelantará mensualmente a las concesionarias el pago de las primas por el coste total del servicio, incluidos unos 280 millones de euros anuales por los servicios que seguirán prestando los hospitales del SERMAS”.
“O sea, que la Comunidad le paga a las concesionarias por el coste de un servicio que no van a prestar, sino que seguirán prestando los hospitales públicos de la Comunidad”. Un dinero que según afirma el documento no volverá de nuevo a la Administración, ya que a pesar de que se estima que “las concesionarias deberán abonar por anualidades vencidas el precio de los servicios que cada hospital haya prestado a su ‘población protegida’ (la denominada facturación intercentros)”, lo cierto es que “los grandes hospitales públicos no disponen de unos servicios informáticos que les permitan identificar a cada paciente que ingresa procedente de un hospital de gestión privada y, por tanto, facturarles todos y cada uno de los servicios que le presten”.
Además, la AFEM y su bufete aseguran que las ‘poblaciones protegidas’ “no disponen de libertad para cambiar su ‘hospital de referencia’, puesto que la libertad de elección es por episodios o procesos de enfermedad. Es decir, que no pueden cambiar de ‘compañía aseguradora’”.
Según el informe, este modelo de ‘concesiones’ no sólo “vulnera la regulación básica de la Seguridad Social -el aseguramiento universal y público por parte del Estado- sino también las bases del diseño de nuestro Sistema Nacional de Salud, en cuanto red integrada de servicios a los que los usuarios pueden acceder en condiciones de igualdad efectiva y calidad”.
