El Gobierno mantiene el silencio en torno a la polémica relacionada con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga personal del rey Juan Carlos. En respuesta a varias preguntas parlamentarias presentadas por IU, el Ejecutivo ha evitado dar cualquier detalle sobre el coste de la estancia o la manutención de la princesa Corinna en Madrid, aunque ha negado que tuviera pasaporte diplomático y haya recibido “encargo alguno”.
“La persona a la que hace referencia la pregunta no ha recibido encargo alguno por parte de este Gobierno”. Con esta escueta frase, Moncloa responde al diputado de IU Ricardo Sixto sobre las presuntas tareas de asesoramiento que Corinna habría realizado para el Ejecutivo, según ha asegurado ella mismo en diversas entrevistas.
Una negativa que también utiliza el Gobierno respecto a si se la concedió el pasaporte diplomático español. “No ha estado nunca en posesión de un pasaporte diplomático español”, se asegura desde Moncloa.
Menos claro se muestra el Gobierno de Mariano Rajoy cuando IU le ha preguntado sobre la estancia de la princesa Corinna en Madrid. “¿Usa en la actualidad o ha usado esta señora recursos del Estado, como por ejemplo vivienda, parque móvil o servicios de secretaría? En su caso ¿qué Ministerios se han hecho cargo de estos gastos?”, son algunas de las cuestiones que le ha trasladado Sixto.
Preguntas que, según IU, el Ejecutivo contesta de la siguiente manera: “respecto al uso de medios del Estado como vehículos u otros medios, éstos se asignan a las autoridades y altos cargos establecidos en la normativa reguladora correspondiente en función de sus responsabilidades oficiales”. Similar frase utiliza Moncloa en lo referente a los gastos y mantenimiento que habría podido correr a cargo del erario público.
Eso sí, tal y como destaca Izquierda Unida, en este punto, el Gobierno deja entrever la posible utilización de instalaciones del Patrimonio Nacional por parte de zu Sayn-Wittgenstein. “De conformidad con esta Ley y con su Reglamento de desarrollo, existen determinados bienes de Patrimonio Nacional que son susceptibles de compatibilizar la función antes indicada con otro tipo de actividad, que entraña el acceso del público a los mismos, y de los que el Consejo de Administración puede aportar información”.
Por todo esto, la coalición de izquierdas, en palabras de Sixto, denuncia la “estrategia de desinformación del Gobierno en esta polémica.
