La Marea Verde vuelve a movilizarse contra la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) impulsada por José Ignacio Wert. Profesores, padres y estudiantes han convocado un encierro estatal para el próximo 25 de abril, una acción con la que ‘tomarán’ colegios e institutos de toda España para tratar de frenar la aprobación de una reforma que califican de “segregadora, ideológica y antidemocrática”.
La convocatoria a esta nueva movilización del colectivo que defiende la Educación pública ya corre como la pólvora por las redes sociales. Bajo el lema ‘Toma tu cole- Toma tu IES- Toma tu centro’, la Marea Verde llama a encerrarse en los centros públicos de todo el Estado para denunciar la actitud del PP, que “siguiendo los dictados de la Troika y del neoliberalismo, está desmantelando los servicios públicos mientras rescata bancos con dinero de todos”.
“La aprobación de la LOMCE es el paso definitivo para acabar con la Educación como derecho y convertirla en una mercancía al servicio de unos pocos”, dice este colectivo, que critica también que los que se planteen hacer eso con un servicio que es de todos sean “los mismos que pagan jugosas cantidades de dinero negro y que luego se reparten en sobres Bárcenas y Rajoy”.
Profesores, padres y estudiantes afirman que la reforma educativa de Wert “es antipedagógica porque entiende el sistema educativo como una competición para superar reválidas” y “mercantilizadora porque entiende que la misión de la Educación es proveer mano de obra barata y adaptable para el sistema productivo”.
Asimismo, señalan que “la LOMCE es segregadora porque separa a los alumnos en función de su extracción social”, “sexista porque permite la segregación del alumnado por sexos” y “antidemocrática porque acaba con la participación de la comunidad educativa”.
En definitiva, la reforma del ministro de Educación “es un fraude porque utiliza triquiñuelas para mejorar resultados en el informe PISA” y porque “privatiza la Educación al privilegiar a la enseñanza privada-concertada dejando a la pública como residual”, señala el colectivo, que reivindica que la Educación no es “ni negocio ni privilegio, es un derecho”.
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