El Ayuntamiento de Madrid quiere vender viviendas de protección oficial porque la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) está “básicamente quebrada”, en “bancarrota” y “con la reforma de la Administración Local de Crístobal Montoro cualquier empresa pública que no esté saneada desaparecerá” por lo que Ana Botella “intenta hacer caja como sea”.
Con estas afirmaciones justifican desde la oposición municipal las operaciones que trata de poner en marcha Ana Botella para sacar al mercado varios inmuebles de viviendas protegidas y creen que la actuación estaría especialmente dirigida a vender los edificios de la zona centro que son “muy apetitosos” para el mercado inmobiliario.
Esta mañana elconfidencial.com publicaba que el Ayuntamiento ha recibido la propuesta de varios fondos de inversión para comprar 18 edificios de viviendas de protección oficial (VPO) gestionados por la EMVS, operación que desde el Consistorio no han querido comentar: “Ni confirmamos ni desmentimos”. “No hacemos declaraciones”, ha sido la respuesta municipal.
La actitud del Ayuntamiento de mantener silencio no resulta extraña si se tiene en cuenta la gran controversia que ocasionó el anterior intento de Ana Botella de vender edificios de la EMVS, una polémica que se acentúo cuando se supo que el Ayuntamiento quería ‘colocar’ a Renta Corporación, inmobiliaria de la que es consejero el marido de María Dolores de Cospedal, cinco promociones de vivienda social del corazón de la capital, la alcaldesa, Ana Botella, se vio obligada a dar marcha atrás en la operación y se comprometió a hacer una oferta a los residentes.
Abortada la operación, el Ayuntamiento de Madrid ofreció a los vecinos de las viviendas sociales comprar sus viviendas por 159.750 euros, una cantidad que además tendrían que abonar en el mismo momento de firmar las escrituras, por lo que la oferta fue considerada inasumible por los vecinos que “en su mayoría son personas mayores” como recuerdan desde la oposición.
Para impedir esta venta se creó la plataforma ¡Yo no me voy! contra la privatización y el desalojo forzoso de las viviendas de alquiler social. Este colectivo informaba ya en enero que de las 116 viviendas afectadas, 40 están habitadas por personas mayores de 70 años que viven solas y en el 55% viven personas septuagenarias acompañadas.
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