El PP parece incapaz de mantener un criterio único en torno a las denuncias, sin pruebas, sobre escuchas ilegales por parte del Gobierno. Mientras Rajoy marca distancia con este asunto, Cospedal insiste y Aguirre rectifica sus acusaciones a Rubalcaba de espiar al PP.
Génova ha comenzado el curso político con cierto desconcierto en las declaraciones de sus dirigentes. La semana pasada, Soraya Sáenz de Santamaría, a su regreso de las vacaciones, adelantó que su grupo parlamentario estaba preparando un informe en el que se detallaban las distintas actuaciones en las que, según los populares, el Gobierno utilizó a las instituciones para ‘perseguirles’.
Sin embargo, dejó claro que en el documento no se iba a incluir ningún tipo de referencia a las presuntas escuchas ilegales que este verano denunció el PP. De esta manera, Rajoy quiso desmarcarse en cierta manera de esta estrategia ante la falta de apoyos, incluso de sus medios más afines, a una denuncia que no contaba con pruebas. Aún así, hoy su ‘número dos’, María Dolores de Cospedal, insistía en declaraciones a Telemadrid en sus acusaciones al Gobierno de pinchar el teléfono de “altos cargos” del PP y en que su partido irá ampliando la denuncia judicial que presentó “cuando sea necesario”.
Paralelamente, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguraba que su partido ha “aportado las pruebas” que demuestran que ha sido víctima de escuchas, y que ahora corresponde a la Policía y la Fiscalía “buscar las pruebas” que demuestren quién lo ha hecho.
Quien sí ha rectificado ha sido Esperanza Aguirre, quien esta mañana aseguraba en Onda Cero que no quiso decir en ningún momento que esas escuchas las hacía Rubalcaba, a pesar de que ayer señaló que “el que las ha hecho, claramente es el Gobierno, el señor Rubalcaba”.
