El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, informó hoy, durante su comparecencia extraordinaria ante la Diputación Permanente del Congreso, que sólo 5.000 parados de los 340.000 potenciales beneficiarios tienen confirmada la ayuda de 420 euros que aprobó por Decreto Ley el Gobierno el pasado 13 de agosto. Esto supone apenas el 1,47% de las personas que agotaron su subsidio por desempleo y cumplen los requisitos establecidos en la norma, desde el día 1 de agosto.
En una comparecencia marcada por las críticas de los grupos, que coincidieron mayoritariamente al calificar la medida de «improvisada, confusa y mal hecha», el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, se preguntaba cómo era posible que una ley que buscaba la protección de los desfavorecidos, diese la apariencia de que «el Gobierno les estaba metiendo la mano en el bolsillo». Además, el líder de IU pidió al Gobierno que «rectificase con urgencia» la medida, y «no se quedase sólo en subsidios», sino que vaya unida a «medidas de inserción y de empleo».
También quiso puntualizar que el Ejecutivo «ha confundido» el equilibrio entre las partes, con el «reparto salomónico», y resaltó la necesidad de volver a «un sistema fiscal progresivo». Aun así, quiso agradecer al ministro su «discreción» durante toda la polémica que levantó la noticia, y su «pronta comparecencia» ante la Cámara.
En una línea parecida se mostró el portavoz de ERC, Joan Tardá, que basó su apoyo a la norma, en caso de que el Gobierno la lleve al Congreso para consensuar, como aseguró Corbacho que se haría, a tres puntos básicos, como son «la retroactividad de la norma hasta el 1 de enero, dotar a las comunidades autónomas para lograr una buena rentabilidad, incrementando así la ayuda hasta el salario mínimo interprofesional, y no esperar hasta que el paro supere el 17% para renovar la medida, sino aumentar el plazo desde ya».
Más duro se mostró el vocal de PNV, Emilio Olabarría, que pidió a Corbacho «que no lleve la norma al Congreso», ya que el Real Decreto «nació herido, y lo apuntilló Zapatero» con su posterior comparecencia desde Lanzarote. También aseguró que se trata de un Decreto «inconstitucional», ya que la Carta Magna garantiza un subsidio por paro universal, y esta norma deja a cerca de 1.200.000 parados sin opciones de cobrar este nuevo subsidio. Para finalizar, se mostró de acuerdo, haciendo referencia a la ruptura del diálogo social que también fue explicado por el titular de Trabajo, en la necesidad de una reforma del mercado de trabajo, ya que «el Gobierno todavía no ha tomado ninguna medida contra la crisis, y esto es lo más necesario para motivar la recuperación económica».
Las mayores críticas vinieron desde el Grupo Popular, que a través de su secretario nacional de Economía, Álvaro Nadal, y el diputado nacional por Guadalajara, José Ignacio Echaniz, aseguraron que «el Gobierno ha demostrado una rabia pueril por la ruptura del diálogo social», y afirmaron que no se había «hecho nada hasta este momento» para afrontar la crisis, negando la validez de cualquier medida adoptada por el Ejecutivo, calificando estas como una «orgía de medidas inútiles». Así, comparó la actuación del Gobierno actual con la película «’Los Hermanos Marx en el Oeste’, donde se comían el tren para poder alimentar la caldera». También culparon a sindicatos y a Corbacho de «dinamitar el diálogo social», y no querer reformar el mercado laboral».
El ministro informó al Congreso de que el Servicio Público Estatal de Empleo ha informado ya a 85.000 personas, a través de cartas y mensajes SMS, de que tienen derecho a la ayuda que, según los cálculos del Gobierno, costará 345 millones de euros a dicho organismo en 2009, y 642 millones en los seis meses de duración. Además, explicó que conseguirá la financiación a través de un suplemento de crédito.
