El éxito de los funcionarios portugueses que consiguieron que el Tribunal Constitucional luso invalidará buena parte de los recortes que el Gobierno de Passos Coelho intentó aplicar a los funcionarios ha animado a varios colectivos afectados por los ajustes decretados el 13 de julio por el Ejecutivo de Rajoy a plantearse algunas iniciativas similares.
De momento, se trata de movimientos incipientes e individualizados, pero que podrían cristalizar en una acción conjunta, al menos, contra aquellos aspectos en los que los expertos han detectado dudas razonables de que las normas publicadas en el BOE choquen contra los preceptos constitucionales.
Hay medidas que podrían suponer una retirada de hecho de los ‘derechos adquiridos’, situación incompatible con la actual carta magna, excepto en el caso de que fuera reformada. Entre otras, y según las informaciones al respecto publicada en diversos medios, la retirada de la compensación de la que gozaban los contribuyentes que compraron su vivienda antes de 2006, un colectivo de más de 2,9 millones de personas.
Hasta ahora, estos ciudadanos disfrutaban de una desgravación adicional para limitar el impacto en sus impuestos de la reforma que se introdujo en este rubro hace seis años. En aquel momento, el Ejecutivo que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, decidió rebajar las deducciones en el IRPF derivadas de la copra de viviendas, eliminó el tipo aplicable del 25% en los dos primeros años posteriores a la adquisición y recortó del 20% al 15% el que correspondía al resto del periodo de pago de los créditos hipotecarios.
Pero, precisamente para no incurrir en la retroactividad fijó la compensación de la que hablábamos antes para los ciudadanos que hubieran iniciado antes del cambio la compra de sus viviendas. La polémica decisión a este respecto del Gobierno de Mariano Rajoy no sería inconstitucional, sin embargo, según los actuales responsables de Hacienda.
Otro frente abierto en la batalla es el posible incumplimiento de las leyes vigentes en el caso de los recortes salariales y la retirada de la paga extra de Navidad, al menos en lo que respecta a los magistrados, al menos, según la opinión del órgano colegiado de los jueces de Granada. Aquí las ilegalidades podrían ser de dos órdenes. Primero el incumplimiento de las normas vigentes porque el Gobierno no ha solicitado un informe previo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, después, la posibilidad de que está acción unilateral constituya un ataque a la independencia de la judicatura también establecida por la carta magna.
Aún hay otro posible frente de conflicto detectado en estas incipientes reacciones a la decisión del Consejo de Ministros de aplicar el mayor recorte social de la historia española. Y, en este caso, afectaría a las pensiones.
En un artículo de opinión publicado el sábado 14 de julio en el diario ‘El País’, el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón, asegura que la reducción anunciada de dos puntos porcentuales en las cotizaciones a la Seguridad Social podría ser Inconstitucional.
Cruz Villalón argumenta que si, como todo parece indicar, la supuesta rebaja temporal deviene en reforma estructural y no se concreta una fórmula de financiar la pérdida de recursos para el pago de las pensiones colateral a esta decisión, de tal modo que los actuales sujetos con derecho a esta retribución pudieran sufrir en el futuro un drástico recorte de las cantidades a percibir.
En opinión de este catedrático, la reducción de las cotizaciones supone, ahora mismo, una merma de ingresos para la Seguridad Social a la que pone en riesgo de no disponer de fondos suficientes para afrontar los actuales y futuros costes de las pensiones. Un problema de fondo que sería mucho mayor que las supuestas ventajas sobre la creación de empleo que tendría la reducción de los costes laborales.
Este experto ofrece una vía de solución para el conflicto que haría necesaria revisar la filosofía actual del Pacto de Toledo que se basa en que sólo con las cotizaciones sociales debe ser suficiente para financiar el pago de las pensiones contributivas, mientras que las no contributivas se abonan con cargo a los impuestos. Ahora sería necesario instaurar un modelo similar al alemán, romper con la separación de fuentes y permitir que parte del pago de las pensiones contributivas se financie con cargo a impuestos indirectos como el IVA.
