El Gobierno ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley del plan de lucha contra el fraude fiscal que, de manera destacada, prohíbe el pago en efectivo de más de 2.500 euros entre profesionales y obliga a comunicar a Hacienda las «cuentas, valores, títulos, rentas o bienes inmuebles» en el extranjero.
En este punto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que las ganancias no declaradas de inversiones realizadas fuera de España no prescribirán nunca, con lo que se tapona una de las fugas detectadas en la amnistía fiscal. La sanción por este fraude será de un mínimo de 10.000 euros, cantidad que se incrementará en 5.000 euros por cada activo no comunicado que se descubra.
La decisión de que el fraude no prescriba bloquea uno de los aspectos que desincentivaba a los contribuyentes con patrimonio en el extranjero a acogerse a la amnistía fiscal puesta en marcha por el Ejecutivo y optar por la regularización voluntaria de los rendimientos tal y como ya está establecida en la ley.
En relación al IVA, Soraya Saénz de Santamaría ha dicho que en España se tiene que acabar el debate que gira en torno a él, pues perjudica a todos. Y ha añadido que el que renuncie al IVA está defraudando a la sociedad en su conjunto.
