Génova ha decidido prepararse ante una eventual ‘caída’ de Francisco Camps en los próximos meses debido a su imputación en el ‘caso Gürtel’. El PP busca forzar al presidente de la Generalitat a una remodelación de su Gobierno ya que no comparte la confianza de Camps ante el rechazo del Tribunal de Valencia a los recursos presentados por el PSPV. Entre los ‘planes B’ de la dirección está la de señalar a los culpables de las ‘desgracias’ del líder valenciano.
Una vez que el presidente de la Generalitat está inculpado, los populares señalan la responsabilidad que otros miembros de su Ejecutivo tienen en la actual situación. Así, han comenzado a ver la luz voces que aseguran que su vicepresidente primero, Vicente Rambla, fue el autor de la estrategia de Camps de asegurar que se pagaba sus trajes. Y es que estas palabras, que repitió el líder valenciano una y otra vez desde que se destapó el caso, ha hundido aún más a Camps.
El que es, según han asegurado observadores políticos a EL BOLETIN, uno de los pupilos de Carlos Fabra y fuera consejero de Economía de Eduardo Zaplana en su etapa como líder de la región, es uno de los nombres que pide Génova cambiar.
En la renovación que fuerza la dirección del partido no sólo hay víctimas como Rambla, sino también beneficiados. Entre los que aparecen está el actual consejero de Inmigración de Valencia, Rafael Blasco. De tener un cargo de poca relevancia ha pasado a tener en sus manos los asuntos más importantes para Camps.
Así, Blasco fue el encargado de toda la campaña electoral en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo en la región cuando su líder de filas pasaba por sus peores momentos políticos al destaparse la trama empresarial vinculada a los populares. Ahora se encarga de solucionar los problemas del Valencia F.C. y que el ‘poder’ que tienen los campistas en el club continúe. Blasco, además pertenece a ese grupo del PP que apoyó la renovación del partido pero que ha criticado la inactividad que existe en la Generalitat desde la imputación de Camps.
El próximo septiembre parece ser el mes elegido para las ‘salidas’ que se den en la Generalitat valenciana, según aseguraron representantes zaplanistas. Fecha que coincide con todos los cambios que ha hecho Camps en su ejecutivo en sus mandatos, según estos observadores. Un ejemplo fue la renovación que realizó en el mes de agosto de 2004.
En medio de esta estrategia, al PP le ha sorprendido la decisión del Tribunal de Madrid de revocar la admisión de la personación de los populares como acusación particular en la investigación de la rama madrileña del ‘caso Gürtel’ ya que “sólo resulta admisible” su participación como acusación popular.
Precisamente uno de los nombres que aparecen en esta trama como es el imputado en e íntimo amigo de Alejandro Agag, Jacobo Gordon, ha reorganizado sus inversiones a través de su sicav Aberdeen. Mientras que las grandes fortunas han reducido el patrimonio de sus sociedades de inversión (un descenso del 7,6% con respecto al volumen total contabilizado a finales de 2008), el imputado en la ‘trama Gürtel’ ha ido contracorriente. Según los últimos datos de la CNMV, el patrimonio de Aberdeen asciende a 4,4 millones de euros, un 4,7% más que al cierre del año pasado.
Y también en contra de la tendencia general, Gordon ha ampliado el peso en su cartera de las empresas extranjeras, en detrimento de las nacionales. En la actualidad cuenta con participaciones en compañías como Petrobras, o E.ON, incluso en Berskshire Hathaways, vehículo inversor de Warren Buffet. También posee bonos de Goldman Sachs, Roche o Phillips Morris. Entre los valores nacionales, destacan algunos ‘blue chips’ como Telefónica e Iberdrola y bonos del Estado.
Volviendo a los asuntos judiciales, en la jornada de hoy la dirección nacional del PP y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, han cumplido su promesa y han presentar las querellas por las filtraciones de grabaciones sobre el ‘caso Gürtel’.
Uno de los primeros en acudir a los tribunales ha sido Federico Trillo. Los populares han acudido a Plaza Castilla para solicitar que declaren el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, y su subordinado, el comisario que dirige la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Olivera. La denuncia va acompañada por los recortes de informaciones de El País y la Cadena Ser en las que aparecen dichas filtraciones.
Esta exigencia ha sido bien acogida por el Sindicato Unificado de la Policía que se ha mostrado conforme a dichas comparecencias para lograr así esclarecer el origen de las filtraciones, según informa Europa Press.
Además de Génova, Rita Barberá ha cumplido su palabra y ha presentado actos de conciliación frente a El País y las mencionadas filtraciones en los juzgados de Valencia.
Esta inactividad contrasta con la de Luchas Bagchus. El nombre del alto ejecutivo de la sociedad de inversión Vistra Funds es el que asegura el tesorero del PP, Luis Bárcenas, que corresponde con las siglas ‘L.B.’ que aparecen en el auto del ‘caso Gürtel’. Nada han querido manifestar a EL BOLETIN desde esta empresa y han utilizado la estrategia del desconocimiento. “No sabemos qué es eso de Gürtel ni quién es esa persona”, en referencia a Bagchus, uno de sus altos directivos.
