El pleno del Congreso ha decidido con 318 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones, tomar en consideración la propuesta de reforma del artículo 135 de la Constitución que establecerá un techo de gasto para todas las administraciones. También se ha dado el visto bueno para que se tramite con carácter urgente y mediante lectura única (con 319 votos a favor y 17 en contra), lo que podría suponer su aprobación definitiva para el próximo viernes.
Tanto IU como el PNV, BNG, ERC, UPyD y Nafarroa Bai han rechazado la reforma, junto al ex sindicalista Antonio Gutiérrez que ha sido el único diputado del Grupo Socialista que ha roto la disciplina de voto. CiU por su parte ha decidido no votar, mientras que Unión del Pueblo Navarro (UPN), por el contrario, ha sido el único apoyar la propuesta del PP y PSOE con un sí. Coalición Canaria se ha abstenido de dar su voto.
A partir de este momento, según ha anunciado el presidente del Congreso, José Bono, los diferentes grupos parlamentarios dispondrán de 48 horas para presentar sus enmiendas a la Proposición (hasta las 14:00 horas del próximo jueves). Y ya el viernes 2 de septiembre celebrará en el Congreso el pleno para votar la reforma.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha mostrado su “satisfacción” por el resultado de las votaciones en el Congreso y ha elogiado el sentido de responsabilidad del Grupo Socialista, en los pasillos de la Cámara Baja. El gobernante español también ha destacado que esta reforma es “muy importante” y “buena” para el país.
Tanto José Antonio Alonso como Soraya Saénz de Santamaría han defendido, por parte de PSOE y PP, que se establezca una disciplina presupuestaria en la Carta Magna para preservar el Estado de bienestar y los servicios sociales. El primero ha asegurado que la situación insostenible en la que se encuentra el país hacía necesario que se establecieran medidas urgentes. La popular ha opinado que “nada pone más en peligro y amenaza las conquistas sociales como unas cuentas públicas insostenibles”
A pesar del resultado, el resto de partidos han sido muy críticos con la medida tomada por el PSOE y PP. La mayoría de los representantes de los otros grupos políticos se han quejado de la falta de diálogo y de no contar con la opinión de los ciudadanos, mediante la celebración de un Referéndum.
Ha habido algunas intervenciones ha destacar:
Los diez diputados de CiU en la Cámara Baja han rechazado participar en la votación, pero sí que han ejercido su turno para rechazar el debate, a través de la figura de Josep Antoni Duran i Lleida, quien ha dicho que “si no hemos estado en el consenso ni el diálogo, tampoco estamos en la votación. Ellos se lo hacen, ellos se lo guisan y ellos se lo comen”.
El portavoz catalán ha asegurado que tanto PSOE como PP han vulnerado el “pacto constituyente” al excluir a CiU de la negociación de la reforma. Durán ha sido ‘tajante’ al decir que el texto “tiene que ser sometido a referendo” y no despachar un asunto tan crucial para el país “en tres días o seis días”, aunque sí que se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de establecer una estabilidad presupuestaria.
De este modo Duran ha confirmado que su coalición presentará tres bloques de enmiendas, entre las que destaca la que busca fijar un límite de déficit fiscal estructural entre Estado y comunidades. Y en función de la respuesta que den socialistas y populares a las propuestas decidirán si se vota o no.
Los diputados de IU y de ICV, representados por Gaspar Llamazares y Nuria Buenaventura han sido también muy críticos. Los dos portavoces se han dirigido a la Mesa del Congreso para impugnar el procedimiento acordado para la reforma de la Constitución. En caso de que sea rechazada los dos grupos podrían recurrir al Constitucional. Llamazares ha insistido en la necesidad de que se celebre un Referéndum “ineludible”. El izquierdista opina que la iniciativa del PP y PSOE es un “golpe a la Constitución” y “un secuestro a la voluntad popular”
Por su parte el portavoz de ERC, Joan Ridao, ha hecho mención a una reforma “ideológicamente peligrosa” y que no se trata de ninguna “receta milagrosa”, sino más bien de una “imposición del Banco Central Europeo”.
El representante del PNV, Josu Erkoreka considera que la inclusión del techo de gasto en la Carta Magna va a suponer una enorme “rigidez” y se debería haber consultado con órganos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera o la Federación Española de Municipios y Provincias.
