El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha asegurado que el Gobierno impugnará todas las listas de Bildu “en las que haya fundamentos jurídicos suficientes” para que sean rechazadas por su vinculación a ETA y no puedan presentarse así a las elecciones del 22 de mayo. El ministro ha insistido en que en esta decisión prevalecerán la opinión de los jueces por encima de cualquier acuerdo político. Precisamente, hoy el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, ha recordado que el pacto con el Gobierno incluía la impugnación de todas las listas de esta coalición.
“Lo que hará el Gobierno es lo que proceda jurídicamente hacer”, ha asegurado Jáuregui en los pasillos del Senado donde ha destacado que “ningún acuerdo puede violentar la esencia del informe jurídico previo para que las impugnaciones se hagan donde efectivamente hay base” y sean así rechazadas por los tribunales. Con estas palabras, el ministro contestaba a las declaraciones de Trillo sobre el pacto que hace 15 días firmó con Alfredo Pérez Rubalcaba sobre el futuro electoral de Bildu.
Hoy mismo, el coordinador de Justicia del PP, en una entrevista en Onda Cero, ha incidido en este acuerdo y en que en él se incluye la impugnación de todas las listas de esta formación y no sólo las ‘contaminadas’, sobre todo, después del informe policial que, según la SER, muestra que una de cada diez candidaturas de Bildu están relacionadas con la banda terrorista. Este informe, según Trillo, “demuestra que las candidaturas son montajes estratégicos dirigidos por ETA”.
El titular de Presidencia no ha sido el único miembro del Ejecutivo en tratar este asunto, ya que el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que “nadie que no tenga que estar en las elecciones, estará”. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, por su parte, ha insistido en la necesidad de “explorar candidatura por candidatura” para “examinar” si hay personas que fueron “terroristas” o “formaron parte” de partidos ilegales, según asegura el documento de las fuerzas de seguridad del Estado.
