Durante el pleno de hoy en la Cámara autonómica, el consejero de Empleo, Manuel Recio, ha desvelado hoy que la Junta ha detectado “32 nuevas discordancias” en las prejubilaciones aprobadas a 35 empresas, lo que eleva a 70 los casos irregulares en torno a los ERE. Recio puntualizó, no obstante, que 1.499 trabajadores de los 1.569 estudiados, se encuentran en una situación “clara” y por tanto las irregularidades sólo afectan a un 0,04% del total.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, considera que si Manuel Chaves y José Antonio Griñán continúan negándose a investigar el caso de “los ERE podridos” en el Parlamento andaluz, deberán dimitir. Además, acusó a ambos dirigentes socialistas de ser “responsables” de lo ocurrido y a Zapatero de ser “corresponsable”. Hoy la Junta ha denunciado 32 casos más irregulares.
En una rueda de prensa en Génova, acompañado por los diputados andaluces del PP Juan José Matarí y Juan Manuel Moreno Bonilla, González Pons denunció que tanto el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, como el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, “desde 2005 conocían lo que ocurría y no lo evitaron”. Y añadió que si mantienen su negativa a permitir que se investigue el asunto en la Cámara regional, “se demostrará que tienen algo que ocultar”.
Precisamente, el asunto de los ERE ha centrado hoy la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz, donde Griñán y el líder del PP en la comunidad, Javier Arenas, se enzarzaron en un cruce de acusaciones. “Le demando una vez más una comisión de investigación. Si no acepta la comisión de investigación yo le pido que presente su renuncia como presidente de la Junta”, espetó Arenas. El presidente andaluz, por su parte, advirtió que “yo podría renunciar y ustedes podrían proponer a un imputado como presidente de la Junta”, en alusión a Francisco Camps. Griñán, además, lamentó que el PP crea la versión de “un imputado”, en referencia al ex director general de Empleo, Javier Guerrero, quien asegura hoy en El País que los tres consejeros del ramo que ejercieron cuando se aprobaron los ERE tenían conocimiento de las irregularidades.
Paralelamente, el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, defendió los ERE como un instrumento “valiosísimo e importantísimo” para mantener el empleo en Andalucía, y sostiene que las “irregularidades” cometidas por determinadas personas, “en este caso presuntamente por Javier Guerrero, tal como apuntan todas las investigaciones que se están planteando”, no debería suponer “un cuestionamiento de todo el sistema”.
Investigar. El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, aseguró esta mañana que “lo que está haciendo la Junta es investigar, colaborar y poner a disposición de la Justicia todo lo necesario para que se esclarezcan los hechos”. De esta manera, Chaves ha instado al PP a que “tome y siga este ejemplo”.
