El recorte, establecido por el Gobierno el pasado 20 de mayo a través del ‘decreto ley de medidas extraordinarias de reducción del déficit’, es inconstitucional. Al menos así lo cree la Audiencia Nacional (AN), que ha presentado hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para que estudie el ‘tijeretazo’ que afecta a los sueldos de 1.700 empleados públicos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha aclarado hoy, mediante un auto, que ha presentado esta cuestión ante el Tribunal porque considera que este ‘decreto antidéficit’, que contempla una rebaja en los salarios del 5% tanto para personal contratado como para los funcionarios, ha podido violar los derechos fundamentales de igualdad, libertad sindical y negociación colectiva de los 1.700 empleados públicos afectados.
Según la Audiencia Nacional, los funcionarios y el personal contratado tienen dos regímenes de negociación colectiva diferentes a pesar de que negocian conjuntamente los incrementos salariales que deben incluirse en la Ley de Presupuestos Generales. Además, precisa que, cuando por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas las administraciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de los acuerdos y pactos ya firmados, únicamente se verán afectados los acuerdos de los funcionarios.
Por ello la AN ha elevado ante el Constitucional la cuestión, que responde directamente a las peticiones de los trabajadores afectados por el recorte. “Los magistrados no creen constitucionalmente posible que se pueda suspender, modificar o suprimir un convenio colectivo durante su vigencia a través de un decreto ley”, apunta el auto, que también dice que la Ley puede estar por encima de un convenio siempre que se respete el derecho fundamental a la negociación colectiva.
La Audiencia también apunta en este auto que, aunque las medidas previstas en la norma aprobada en mayo eran urgentes y necesarias, son inconstitucionales, y cree que se podría haber evitado si las Cortes hubiesen tramitado esta norma como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Más ‘quejas’
Los 1.700 trabajadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no son los únicos que han decidido actuar contra el recorte salarial. Antes del verano las asociaciones de jueces y los altos cargos del funcionariado integrados en Fedeca, entre los que se encuentran los abogados del Estado, iniciaron su ofensiva en los tribunales contra el recorte salarial del 5% impuesto por el Gobierno en el plan de ajuste del déficit. Ambas asociaciones facilitaron desde el pasado mes de julio un modelo de recurso para impugnar.
Unas iniciativas que, al igual que han hecho los empleados públicos de la Fábrica de Moneda, puede acabar en el Constitucional.
