El consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, Joaquim Nadal, ha reconocido hoy que el Estado considera que la Ley de Consultas Populares, aprobada por el Parlamento de Cataluña, invade sus competencias y ha dado un plazo de seis meses al Ejecutivo catalán para que la modifique. En caso contrario, el Gobierno recurrirá la norma catalana al Tribunal Constitucional.
La Ley fue impulsada por el tripartito y regula la manera en que deben realizarse las consultas populares. Así, establece que las peticiones pueden ser de cualquier tema, a propuesta del presidente de la Generalitat, y deben ser previamente autorizadas por el Estado. Además, las propuestas tienen que tener el respaldo del 20% de los diputados, o dos grupos parlamentarios, si lo solicitan un 10% de los ayuntamientos y representan 500.000 habitantes, o si lo piden el 3% de la población catalana mediante recogida de firmas.
Según el Estado, la ley invade sus competencias en el contenido incluido en los artículos del 1 al 30, y en los artículos 43 y 45, porque, en palabras de Nadal, la capacidad de convocar referéndums es “exclusiva” del Estado.
