La decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de recortar el sueldo de los trabajadores públicos un 5% de media este año, incluidos los jueces, ha puesto en pie de guerra a las asociaciones judiciales. Los portavoces de estos colectivos han acordado impugnar por vía administrativa las nóminas de los magistrados del mes de junio -las primeras en las que se plasma este recorte- ante la Audiencia Nacional.
Los magistrados no quieren que las reivindicaciones contra el recorte salarial se limiten a la huelga convocada hoy por los sindicatos y ya trabajan en un conjunto de iniciativas para mostrar su oposición. “En vez de subir los sueldos de los jueces, que llevan seis años sin ser actualizados, ahora se nos rebaja de manera sustancial”, ha recordado, en declaraciones a EL BOLETIN, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero.
Una disminución en sus salarios por la que no quieren pasar los magistrados que recuerdan que ellos no son los culpables de que ahora haya que ajustar las cuentas. “¿Por qué no se actúa contra los beneficios de los bancos o las cajas?”, se preguntan los jueces. Un malestar que se ha traducido en las diversas reuniones que han mantenido los portavoces de las asociaciones judiciales para acordar una postura común.
“Además de impugnar las nóminas en las que aparezca por primera vez este recorte ante la Audiencia, tenemos planeado hacer concentraciones más adelante”, ha anunciado el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez. La ‘voz’ de la asociación progresista no ha dado más detalles sobre estas “concentraciones” ya que aún trabajan en estas iniciativas.
El colectivo de jueces mayoritario en el mundo judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura, no se ha desligado de estas iniciativas y uno de sus representantes, José Antonio Ballesteros ha reiterado que se pondrán “todos los recursos que sean pertinentes”.
Las medidas de presión anunciadas a este diario por los magistrados serán también expuestas al Gobierno. En concreto, los portavoces de estos colectivos se reunirán el próximo 23 de junio con el secretario de Estado de Justicia para trasladarle su malestar, así como conocer el futuro de las inversiones en la tan anunciada implantación de la Nueva Oficina Judicial que informatizará los juzgados y cuyas partidas no están garantizadas para 2011 y 2012.
A pesar de este frente común, la huelga de trabajadores públicos celebrada hoy ha dividido a las asociaciones conservadoras Francisco de Vitoria y la Asociación Profesional de la Magistratura. Mientras que la primera apoya el paro de los funcionarios, la segunda ha preferido desligarse totalmente de la huelga.
En los últimos meses, y a partir del intento del Ministerio de Justicia de implantar la Nueva Oficina Judicial, los roces entre las asociaciones judiciales y el ministro Francisco Caamaño han ido en aumento. Los elogios hacia el responsable de este departamento frente a su antecesor en el cargo, Mariano Fernández Bermejo, han quedado en el olvido y cada vez son más habituales las críticas de los colectivos de magistrados sobre la escasez de reuniones y la falta de diálogo que Francisco Caamaño mantiene con sus portavoces.
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