Los ayuntamientos quieren un año más para endeudarse

Los más de 8.000 ayuntamientos de España representados en la FEMP se han unido hoy para exigir al Gobierno que retrase un año más su decisión de prohibir a estas corporaciones locales endeudarse. Limitación que comenzaría desde ya si no fuera porque el Ejecutivo ha rectificado esta mañana y, culpando a un error del BOE, ha retrasado esta medida hasta el 2011. Los alcaldes del PSOE y del PP han coincidido en pedir al presidente de la FEMP, Pedro Castro, que exija a Zapatero la retirada de esta iniciativa y poder así pedir créditos y emitir deuda también el año que viene.

«Se trata de una medida injusta, sólo afecta a los ayuntamientos y municipios» y, a pesar de la rectificación de hoy, «queremos que sea total, que podamos pedir créditos en 2011», ha señalado el portavoz del PP en la FEMP, Fernando Martínez, al trasladar la posición de los alcaldes populares en este asunto, incluido el de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Martínez ha encomendado este objetivo a Pedro Castro. «Hemos solicitado a Castro que hable con el Gobierno y logre que no se consolide el decreto ley en el que se incluye esta medida en el Congreso».

Esta petición, y el tono moderado con la que se ha hecho, choca con la dura actitud que han tenido los populares en la federación de municipios contra el alcalde de Getafe por su seguidismo al Gobierno y sus insultos a los votantes del PP. Esto último llevó a los populares a dejar la FEMP.

La propuesta del portavoz del PP ha ‘calado’ en Castro que ha asegurado que «vamos a negociar -con el Ejecutivo- la situación en 2011» de los consistorios. El presidente de la FEMP tampoco comparte, como el PP, que los ayuntamientos no puedan endeudarse, ya que, a pesar de que los ayuntamientos quieren que el Gobierno «tome decisiones valientes» no deben de ser las únicas administraciones afectadas, en referencia al papel que en los ajustes que puedan hacer las autonomías. La posición de Castro es compartida por el resto de alcaldes socialistas. «Todos piden que se trabaje para corregir la situación en 2011», ha asegurado el presidente de la FEMP.

Por si las peticiones de Castro no son escuchadas, fuentes de esta federación han augurado a EL BOLETIN que muchas corporaciones aprovecharán estos meses que quedan para el 2011 para endeudarse todo lo que puedan y anunciar proyectos y adjudicaciones.

Esta no es la primera vez que el Gobierno se ve obligado a rectificar una medida económica. A principios de febrero, el Ejecutivo envió a Bruselas un documento sobre el plan de estabilidad presupuestaria que incluía, entre otras medidas, la ampliación de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y el aumento en 10 años del tiempo de cómputo para calcular la pensión.

Unas horas después, el Ministerio de Economía , forzado por los sindicatos, anunciaba la supresión del párrafo en el que se hablaba de elevar el tiempo de cómputo para las pensiones alegando que era sólo un “ejemplo”. Respecto al aumento de la edad de jubilación, que llevó a los sindicatos a convocar una manifestación contra la medida, todavía está en el aire y se ha decidido enmarcar en las negociaciones del Pacto de Toledo.

Pocos días después, el Gobierno protagonizaba un nuevo fallo de coordinación. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, aseguraba que se estaba estudiando congelar el sueldo a los funcionarios, una afirmación que fue corregida por la ministra de Economía, Elena Salgado, que aclaró que se respetarían los acuerdos firmados en septiembre entre la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y los sindicatos sobre los empleados públicos. La semana pasada, José Luis Rodríguez Zapatero anunciaba una reducción salarial del 5% de media a los funcionarios.

Una semana antes, el presidente del Gobierno advertía, tras reunirse con Mariano Rajoy, que no sacrificaría ninguna política social para reducir el déficit. Una afirmación que se vio obligado a rectificar posteriormente cuando anunció el mayor recorte social de la democracia: la eliminación del ‘chequebebé’, la congelación de las pensiones, la rebaja de sueldos a los funcionarios y la supresión de la retroactividad en la Ley de Dependencia.

También hubo confusión sobre la posibilidad de gravar más a las rentas más altas. Zapatero y Salgado negaron en un primer momento estar estudiando impulsar esta medida, mientras que Manuel Chaves decía lo contrario. Finalmente, el discurso se unificó y todos confirmaron que esa posibilidad se está estudiando, aunque de momento se enmarcará en una futura reforma fiscal.

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