Desde que el pasado lunes el Ministerio de Economía presentara las autonomías una propuesta para liberalizar parcialmente los horarios comerciales, en el que impone a 11 grandes municipios turísticos que establezcan zonas sin restricciones en horarios ni festivos para el comercio, las reacciones no han parado de sucederse y no sólo en el ámbito político, ya que las patronales de comerciantes han empezado a echar cuentas.
Por ejemplo, para las grandes superficies la reforma que quiere imponer el Ejecutivo es una buena noticia. La Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) calcula que la liberalización de horarios comerciales en la totalidad del territorio nacional, con la consiguiente apertura de los Centros Comerciales los domingos y festivos, supondría la creación de 37.387 nuevos puestos de trabajo.
Por ello, ha hecho público un comunicado en el que dice que “ante la actual situación de crisis y de descenso del consumo, la AECC considera que la implantación de la libertad de horarios en todo el territorio nacional, como la que se producirá en la Comunidad de Madrid el próximo día 15 de julio, supondría un crecimiento del empleo en el sector en todas las Comunidades Autónomas”.
Para Javier García-Renedo, presidente de la AECC, la actual situación económica del país y concretamente la del sector comercial “requiere tomar medidas de manera inmediata, o en caso contrario se verá como un porcentaje importante del comercio estará abocado al cierre”. En este sentido, García-Renedo sostiene que todas aquellas decisiones que vayan en la dirección de favorecer el consumo y la creación de puestos de trabajo “deben ser prioritarias y de alcance nacional”.
Recuerda que la AECC -formada por más de 400 Socios y Miembros Asociados, 539 centros comerciales en toda España, y a más de 33.000 comerciantes- ha defendido siempre la implantación del principio de libertad de empresa y comercio, lo que implica, entre otras muchas cosas, la libertad de horarios de apertura al público, la defensa del libre mercado y de la libre competencia.
Una opinión muy distinta expresan desde la a Confederación General de Pequeñas y Medianas Empresas (Copyme) que hoy ha advertido que la ampliación de horarios comerciales anunciada por el Gobierno «ataca la viabilidad» de más de 100.000 comercios y «pone en peligro» más de 200.000 puestos de trabajo.
En un comunicado, la organización ha defendido que las medidas planteadas por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, suponen un «apoyo a las grandes empresas y cadenas comerciales».
«Ante las dificultades económicas reconocidas por las grandes empresas comerciales como consecuencia de la caída de sus ventas, el Gobierno trata de impulsarlas trasladando el consumo de un formato comercial a otro», ha denunciado Copyme.
Esta organización ha señalado que la Comunidad de Madrid, «máximo exponente» de la liberalización horaria en el comercio, «viene perdiendo densidad comercial y destruyendo puestos de trabajo año tras año».
¿Inconstitucional
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ya anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) si finalmente el Gobierno opta por modificar los horarios comerciales y liberalizarlos en 14 grandes municipios turísticos, entre ellos Barcelona. «Si el cambio de horarios comerciales se convierte en ley, recurriremos al TC. Otras veces lo hemos logrado, ¿por qué no ahora?», aseguró el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, recordando que la regulación del comercio minorista es una competencia traspasada a la Generalitat.
Y es que el decreto sobre comercio interior anunciado el pasado lunes por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha provocado que la Administración autonómica catalana amenace con llevar al Ejecutivo central a los tribunales por entender que invade sus competencias y por considerar «anticonstitucional» la fórmula empleada para establecer la libertad de horario en dicho sector.
Tampoco descarta acudir al Constitucional la Junta de Andalucía. De hecho, ayer el consejero andaluz de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, expresaba su rechazo a las medidas anunciadas por el Gobierno central, ya que suponen incrementar de 72 a 90 las horas semanales de apertura y de ocho a diez el mínimo de festivos autorizados, y alertó de que esta decisión tendrá un «impacto negativo» sobre las pymes del sector y sobre el empleo.
Rodríguez defendió el modelo andaluz en este aspecto que, según recordó, está basado en el «consenso con los agentes socioeconómicos». Y añadió que la regulación actual ha consolidado un comercio urbano que «permite el equilibrio entre todos los formatos» y señaló que liberalización «no aumenta el consumo, sino que traslada las compras del comercio de proximidad hacia los grandes distribuidores”.
La Ley de Comercio Interior de Andalucía autoriza la apertura en un máximo de ocho festivos y domingos al año y de 72 horas semanales. Además, fija un régimen de libertad horaria para los locales de menos de 300 metros cuadrados, tiendas de conveniencia y establecimientos de estaciones y aeropuertos. También dispensa de la restricción determinados periodos de las zonas declaradas de gran afluencia turística.
