La organización asegura que el proyecto que diseña el Ejecutivo es “un claro paso atrás desde la lógica de prevención de la corrupción”. El Gobierno de Mariano Rajoy trabaja para sacar adelante una nueva ley de contratos públicos. Por el momento, los trabajos se centran en un proyecto, el cual Transparencia Internacional ya ha manifestado su oposición ante lo que aprecia. La organización ha tachado a este boceto como “un claro paso atrás desde la lógica de prevención de la corrupción”.
Por ello, Transparencia Internacional, a través de un comunicado, ha redactado once medidas que, a su entender, deben ser “ineludibles” para poner un punto de inflexión contra la corrupción. Unas propuestas donde la creación de una estructura independiente y cerrada de los órganos administrativos encargados de los recursos contractuales, con la obligatoriedad de colegialidad es uno de los puntos fundamentales para garantizar la transparencia.
Asimismo, la organización ha realizado un llamamiento por la profesionalización, dejando claro que en la mesa de la contratación, la cual determina a quién adjudicar un contrato, no cuente con cargos políticos, así como que se obligue a la redacción de un informe de conveniencia financiera en todo expediente de licitación escrito por funcionarios.
Otra de las aportaciones que Transparencia Internacional cree necesaria es la de introducir una consecuencia de nulidad en caso de no cumplirse la obligatoriedad de publicar en la Plataforma de Contratos de Sector Público, ya que, pese su carácter obligatorio, no se llega a cumplir. Para ello, la organización ha abogado por la “dispersión de normas jurídicas” que permite, a su juicio, el incumplimiento de la obligatoria publicidad, por lo que piden unificar el régimen normativo en lo referente a procedimientos de adjudicación y control “con indiferencia de su naturaleza o no de administración pública o importe de contrato”.
A pesar de que celebran que se suprima el procedimiento negociado sin publicado, es decir, la contratación ‘a dedo’, Transparencia Internacional ha lamentado que se siga manteniendo la figura del contrato menor. Un modelo al que, según la entidad, se recurre de forma “abusiva”, aunque su utilización “aconseja cierta exigencia de publicidad para que exista competencia, así como la fijación de un importe global máximo a favor de un mismo licitador”.
En cuanto a los motivos para rescindir un contrato público, Transparencia Internacional ha detallado que se podría proceder si una empresa se salta una declaración responsable y pública en la que se exigiría a la adjudicataria la prohibición de destinar, tanto la empresa como sus filiales, posibles beneficios del contrato a paraísos fiscales. Algo que el Ayuntamiento de Madrid ya se ha comprometido a aplicar.
Del mismo modo, la organización ha apuntado la necesidad de ampliar la legitimación para impugnar e impulsar “una doctrina clara que preserve los principios de seguridad jurídica y predictibilidad”. En este punto, como ha recogido Europa Press, la entidad ha advertido de “una nueva etapa de descontrol en los sobrecostes”, pues considera que, al posibilitar la libre modificación en ciertos contratos, se incentiva la creación de “entes instrumentales para alejarse del control y reglas públicas”.
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