El Gobierno de Cifuentes rechaza constituir el Defensor del Denunciante de Corrupción

Enrique Ossorio, portavoz del PP, asegura que ya existen “instrumentos internos” y “judiciales” para que los funcionarios denuncien cualquier caso de corrupción. El Gobierno de Cristina Cifuentes ve innecesario constituir el órgano Defensor del Denunciante de Corrupción que propone Ciudadanos. El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha rechazado la propuesta de la formación naranja después de asegurar que “los instrumentos internos de las administraciones públicas” y “judiciales” ya da facilidades para que los funcionarios puedan denunciar cualquier caso de corrupción.
 
De hecho, Ossorio ha cargado contra Ciudadanos registrar una Proposición de Ley con el fin de crear la figura del Defensor del Denunciante de Corrupción: “Nosotros pensábamos que no eran partidarios de inflar de órganos las administraciones públicas”. Una medida con la que la organización naranja busca garantizar la protección de los funcionarios que puedan denunciar irregularidades en la administración regional.
 
El portavoz del PP en el Parlamento madrileño ha reiterado que “estas funciones ya se pueden desarrollar por los órganos que ya existen y crear ahora otro órgano con personal dependiente del mismo no nos parece racional”. Incluso, Ossorio ha recordado que esta iniciativa de Ciudadanos ya llegó a la Asamblea de Madrid en dos ocasiones y “fue desestimada por los grupos políticos”.
 
“La Asamblea de Madrid ha dicho que no y ha dicho que no porque no hay ningún clamor entre los funcionarios de que necesiten nuevos instrumentos de protección para que puedan denunciar. Si esto fuera un problema por supuesto que lo apoyaríamos, pero es que esto no es un problema, entonces, cuando no hay problema no vamos a crear nuevos órganos para solucionar no problemas”, ha recalcado.
 
A pesar de estas palabras de Ossorio, los denunciantes de corrupción (en el ámbito general) han criticado en numerosas ocasiones los pocos mecanismos que existen en España para proteger a los funcionarios que deciden dar un paso al frente contra estas prácticas. Ana Garrido, denunciante de la Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid), ya marcó en ElBoletín.com cuál es uno de sus objetivos después de reconocer que “hay muchísimo miedo a denunciar la corrupción”: “Estoy luchando por una ley de protección al denunciante de corrupción. La única ley que existe de protección a ese nivel es la de testigos y peritos, que está enfocada más a la época del terrorismo y más pensada en delincuentes que filtraban información y no para casos como de los que estamos hablando”.
 
Por su parte, Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército y expulsado por denunciar la corrupción en esta institución, también recordó en este medio los problemas que tienen los denunciantes.  “En España se actúa contra los denunciantes de corrupción. Es fácil de comprobar, ya que solo hay que ver el destino que tienen los corruptos y el que tienen los denunciantes. Al final somos unos apestados y realmente estamos condenados a muerte en vida”, sentenció.

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