Marea Granate ve con buenos ojos la propuesta pero advierte de los peligros que puede acarrear para el sistema democrático. De los dos millones de ciudadanos residentes en el extranjero que tuvieron derecho a voto en las elecciones generales del 26 de junio, sólo 119.837 lo ejercieron. Esto es, poco más de más del 5% de los emigrados participaron en las elecciones pasadas.
Marea Granate lleva tiempo denunciando una situación que comienza a pasar del castaño oscuro y que, por primera vez, parece haber llamado la atención de la Junta Electoral Central (JEC). Así se desprende del último informe elaborado por la JEC, que valora la posibilidad de incorporar el voto telemático para los inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes y los electores residentes temporalmente ausentes.
El informe sobre la regulación del voto de los electores españoles que residen o se hallan en el extranjero considera que esa podría ser una medida apropiada para facilitar e incentivar el voto de los electores residentes en el exterior. Asegura que el marco legislativo español permite la introducción de mecanismos electrónicos entre los electores y la Administración electoral.
“Básicamente tal cosa consistiría en que el elector pudiera, a través de un canal seguro, votar por las opciones preferidas que se le ofrecerían en una aplicación informática. Su voto encriptado viajaría a la urna electrónica para ser contado en el momento adecuado, tras su desencriptación, junto con los otros votos emitidos. Sería además indispensable que se separase el voto de la identidad de la persona votante para asegurar su carácter secreto”, destaca la Junta Electoral Central.
De esta manera, el informe considera que el sistema telemático podría ofrecerse como alternativa a los canales existentes de voto por correo o en el consulado. Aun así, la Junta Electoral considera que hay que tener en cuenta la brecha digital existente entre las generaciones para evitar los desagravios. Por lo tanto, apuesta por la implantación de un sistema que no exigiese al elector conocimientos elevados en las nuevas tecnologías, “sino el común que es habitual”.
Dudas de la Marea Granate
Marea Granate se felicita porque la participación electoral de la diáspora pase a ser evaluada “por fin” por mesas de trabajo y no solamente por los medios de comunicación. Además, le complace que la Junta Electoral Central haya tenido sensibilidad en incorporar algunas de sus peticiones. No obstante, sobre el asunto del voto electrónico, asegura que la medida tiene sus ‘claroscuros’.
Por ejemplo, asegura que tras haber contrastado diversas fuentes, la viabilidad del sistema electrónico planteado está lejos de disponer de las garantías mínimas para llevarlo a cabo. Es más, “en el caso español, la vulneración constitucional es evidente”, asegura en un comunicado.
Por otro lado, se plantea el problema que podría surgir a colación de las auditorías electorales de procesos electrónicos o telemático. “El voto electrónico, para salvaguardar el secreto de voto, requiere la desvinculación del emisor de la información emitida, pero al mismo tiempo, esta información debería ser recuperable de forma que la transacción fuese auditable en caso de disputa electoral”, afirma la Marea Granate.
La organización encargada de velar y defender el voto de los residentes en el extranjero asegura que por mucho que existan mecanismos para probar que un determinado voto emitido está en el recuento sin desvelar quién lo emitió ni para qué opción,” las hipótesis sobre las que se basa la correcta realización de dicha verificación no son auditables”.
Por lo tanto, y debido a la necesaria desvinculación de la información del voto con la del votante, Marea Granate considera que la posibilidad de que los votantes sean capaces de detectar un fraude en caso de intercepción o modificación de su voto “no recae sobre garantías razonables”.
Además, denuncia que el número potencial de votos que podrían ser interceptados de forma maliciosa sería de aproximadamente dos millones, “con su correspondiente incidencia en los resultados electorales”. Por último, recuerda que no es lo mismo un voto en urna electrónica en consulado/colegio electoral que un voto desde un ordenador personal, sea privado o público.
“En ninguna de las dos opciones puede garantizarse la seguridad, pero el riesgo se multiplica infinitamente en el caso de darse acceso al voto electrónico desde el ordenador personal, al estar este complemente fuera del control del Estado”, asegura al mismo tiempo que el voto telemático perdería todo su sentido ‘participativo’ si solo se llevara a cabo desde los consulados.
La Junta Electoral afirma que la introducción del voto por internet viene justificada por “la conveniencia de aprovechar las nuevas tecnologías y favorecer así la participación política de los ciudadanos”. Sin embargo, Marea Granate recuerda que “la existencia de la banca electrónica no implica necesariamente que esta sea segura ni que el voto electrónico haya sido resuelto de forma satisfactoria. La tecnología no avanza en todos sus campos por igual: todo depende de los recursos que hayan sido dedicados a la investigación en ese campo y de las dificultades técnicas de la realización”.
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