El Supremo declara ilegal la supresión de conciertos a la FP que hizo Ignacio González

Ratifica la sentencia del TSJM y anula la medida del anterior Gobierno de la Comunidad de Madrid que provocó la supresión del 25% de las aulas de Formación Profesional. El Supremo ratifica la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en 2015 y reconoce el derecho de los centros de Formación profesional de Grado Superior a mantener su concierto educativo, declarando ilegal la retirada de esos conciertos decidida y ejecutada en 2013 por el anterior equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid.
  
Según informa en un comunicado Escuelas Católicas, la sentencia fue notificada ayer, día 23 de noviembre, a una de las entidades titulares de estos centros que interpuso el correspondiente recurso, ratifica la emitida por el TSJ de Madrid en 2015, en la que declaraba que estos centros de enseñanzas profesionales de Grado Superior tenían derecho al concierto, sin que este pudiera ser suprimido de forma discrecional por la Administración Educativa.
 
Escuelas Católicas explica que “con esta sentencia del Supremo, se cierra el proceso judicial abierto por las titularidades de los centros de FP afectados por dicha supresión” y anuncia que se abre a”ahora el diálogo con el Gobierno que nos debe llevar a la reparación del daño sufrido por los centros afectados, por sus profesores y por sus comunidades educativas, y a la reinstauración de los conciertos suprimidos”.
 
Y es que recuerda este colectivo que “la medida declarada ilegal afectó de forma indiscriminada a todos los centros concertados de Formación Profesional de Grado Superior de la Comunidad de Madrid, lo que supuso el cierre de más del 25% de las aulas, la pérdida de puestos de trabajo del profesorado, la modificación de sus condiciones laborales, y lo que es peor, la alteración del derecho de elección de centro por parte de miles de alumnos que deseaban optar por estas enseñanzas profesionales.
 
Escuelas Católicas de Madrid se congratula por esta sentencia que, en definitiva, viene a reiterar que los conciertos educativos son un derecho de la sociedad, incluso cuando afectan a estas enseñanzas postobligatorias. Asimismo, felicita a las titularidades de los centros que recurrieron aquel acto administrativo, con los cuales se ha mantenido en todo momento una estrecha coordinación y colaboración que ha conducido a esta exitosa noticia.

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