El PP valenciano cuestiona los ingresos y gastos que realizó la formación que lidera Mónica Oltra para la campaña de 2015. La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias para investigar la financiación de la coalición Compromís (integrada por Iniciativa, Bloc y Verds) a raíz de una denuncia interpuesta por el PP valenciano, en la que cuestiona el destino de fondos electorales y sus fuentes de ingresos en las elecciones municipales celebradas en mayo de 2015.
El PPCV, tal y como recuerda Europa Press, presentó una denuncia el pasado 5 de octubre contra Compromís por un presunto delito de apropiación indebida de fondos electorales y otro delito electoral por falseamiento contable.
La denuncia se sustentaba en un informe del Tribunal de Cuentas en el que se ponían de manifiesto “una serie de irregularidades”. Entre ellas, alertaba de que se habían pagado gastos de naturaleza no electoral por importe de 159.337,66 euros, de los que 64.213,90 correspondían a gastos por operaciones ordinarias y 95.123,76 euros a gastos por envíos de propaganda electoral.
Asimismo, indicaba que se habían realizado pagos fuera del plazo de 90 días por importe de 3.017,16 euros; y señalaba que existía un saldo insuficiente en la cuenta bancaria electoral con el que hacer frente a la deuda con proveedores que estaba pendiente de pago y que ascendía a 789.194,66 euros.
Además, se apreciaba -tal y como recoge la denuncia- que los recursos declarados (396.503,45 euros) eran “a todas luces insuficientes” para hacer frente al gasto electoral declarado (1.280.965,86 euros) por lo que estiman que se han tenido que emplear otros recursos no declarados para el pago de los gastos de la campaña electoral.
De ello se infiere, según el PP valenciano, que se han destinado fondos electorales, percibidos como subvención o como aportaciones, al pago de gastos que no tienen naturaleza electoral, “por lo que podríamos estar ante un presunto delito de apropiación indebida de fondos electorales”.
Y, en segundo lugar, los ‘populares’ subrayan que la contabilidad electoral no recoge el modo o manera en que se han pagado los cerca de 800.000 euros que se declaran como pendientes de pago a proveedores, “ocultando la procedencia de los fondos destinados a tal fin e impidiendo que el Tribunal de Cuentas pueda fiscalizar si tales recursos tienen una procedencia lícita acorde con la ley”.
Los ‘populares’ consideran que de estos presuntos delitos serían responsables, en concepto de autores, el administrador general y el administrador de la candidatura y, además, las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales.
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