El colectivo organiza unas jornadas frente al organismo desde el 6 al 8 de octubre para recordar una serie de reivindicaciones aún por aplicar por parte del Tribunal Supremo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH,) aprovechando la apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo, no se olvida de algunas reivindicaciones que han sido ignoradas por la justicia. Una serie de medidas que el colectivo antidesahucios recordará desde el 6 al 8 de octubre en unas jornadas frente a la sede del organismo judicial como símbolo de la indefensión que sufren.
Porque la PAH no olvida que desde el estallido de la burbuja económica ha habido un total de 600.000 ejecuciones hipotecarias, “de dudosa legalidad”, así como todos los fallecidos civiles que se ha llevado por delante la crisis. Y en este escenario, el colectivo echa en falta ciertos guiños de un Tribunal Supremo que “mantiene a día de hoy” frases polémicas como que “las ejecuciones hipotecarias no se pueden suspender porque no son tan perjudiciales para los deudores”.
Por ello, la plataforma acudirá esta semana al corazón de la justicia para que ponga de su parte en la necesidad de paralizar de forma “inmediata todos los desalojos sin alternativa de vivienda digna”. Pero no es la única reivindicación que sale desde el colectivo. La PAH recuerda al Tribunal Supremo que aún sigue sin aplicarse lo que dictaminó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaba a eliminar todas las cláusulas abusivas de los contratos, compensando a los afectados por los daños.
Un papel del Tribunal Supremo en el que, al ser el máximo órgano judicial, debería, según la PAH, investigar y juzgar “las actividades presuntamente delictivas de las entidades financieras que promovieron la burbuja y se beneficiaron de la crisis, depurando judicialmente responsabilidades políticas”. Sin embargo, lo que sí aprecia el colectivo es una criminalización a aquellas personas que ocupan viviendas por necesidad. De ahí que el organismo podría revertir la situación promoviendo “la despenalización” y la tipificación del delito de usura.
Otro de los ‘deberes’ que manda la PAH al organismo van dirigidos a uno de los principales enemigos del organismo: los fondos buitres. Por ello, el colectivo reclama al organismo investigar la venta de viviendas sociales y proteger a las víctimas de sus desahucios y adoptar medidas de reparación al daño causado.
“Por último, exigimos la absolución de todos los detenidos y multados por participar en las movilizaciones contra los desahucios, pues no han hecho sino cumplir con su deber de defensa de los Derechos Humanos”, concluye el colectivo en un comunicado.
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