Sánchez Mato considera vergonzoso que la Fiscalía llegue a acuerdos como el alcanzado con la familia Carceller.
IU critica duramente que la Fiscalía Anticorrupción haya pactado con los Carceller y que estos empresarios – acusados de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales- puedan eludir la cárcel pagando una multa de unos 90 millones de euros, a pesar de que el Ministerio público pedía para ellos pernas que en un principio que sumaban hasta 48 años y medio de prisión.
El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, denuncia en un comunicado que “parece que se está convirtiendo en demasiado habitual, al menos para algunos, el negociar y beneficiarse de variados acuerdos con la Fiscalía no sólo para eludir la prisión frente a diferentes delitos fiscales sino, y lo que es más importante, para reducir de forma considerable las sanciones económicas que conlleva”.
Sánchez Mato advierte de que “parece que las penas de prisión no afectan a los grandes delincuentes económicos, y no hace falta ya que sean futbolistas o sus familiares directos. La cárcel se está quedando como algo reservado a los pobres, mucho más en delitos de este ámbito en los que se llega a acuerdos vergonzosos”.
Citando como ejemplo, precisamente el caso que afecta a Demetrio Carceller Arce, presidente del grupo cervecero Damm, y a su padre Demetrio Carceller Coll, que eludirán previsiblemente la prisión correspondiente a los delitos fiscal y de blanqueo de capitales después de negociar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.
El representante de IU hace notar que a cambio de no ser condenados a penas de cárcel, las distintas informaciones apuntan a que los empresarios podrían pagar en torno a 90 millones de euros en concepto de multa y de responsabilidad civil, una cantidad inferior a la defraudada.
Recordando que “en total, la cantidad defraudada, según la Fiscalía Anticorrupción, fue de 59,2 millones de euros en concepto de IRPF por los ejercicios de 2001 a 2009, 41,9 millones por el Impuesto sobre el Patrimonio entre 2001 y 2007, y otros 1,7 millones por el Impuesto de Sucesiones” por lo que “la suma de todos los conceptos adeudados más sus intereses de demora ascendería a algo más de 103 millones de euros, siempre según el escrito de acusación del fiscal”.
En situaciones de este tipo, Carlos Sánchez Mato señala que “resulta fundamental que haya una total transparencia de la Fiscalía y de todas las instancias judiciales, algo que cada vez falla más, desgraciadamente, lo que en absoluto compartimos desde nuestra organización.
Quejándose el representante de IU que en el ‘caso Carceller’, el ministerio público “no ha ofrecido suficientes explicaciones sobre un acuerdo que debería hacerse con luz y taquígrafos con el pretexto de que ‘el posible proceso de conformidad no se puede dar por concluido’.
Hay que recordar que la fiscalía acusaba a ambos empresarios (hijo y nieto del ministro de Industria de Franco en la postguerra Demetrio Carceller Segura) de evadir 73,32 millones de euros en impuestos entre los ejercicios 2003 y 2009. La familia controla la cervecera Damm y la petrolera DISA, entre otros grupos, y tienen participaciones en empresas del Ibex 35.
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