El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sostiene que el plan para legalizar el campo de golf en Chamberí es ilegal, al igual que el proyecto. “¡Espe, Espe, Espe… especulación!”. Ese fue el grito que lanzaron varios vecinos del madrileño barrio de Chamberí a Esperanza Aguirre allá por 2007 cuando inauguró el campo del golf en los terrenos del Canal de Isabel II en la avenida de las Islas Filipinas. Casi una década después, este viernes, la Justicia atesta un nuevo golpe a este proyecto dedicado al deporte favorito de la que fuese presidenta de la Comunidad de Madrid y que carecía tanto de requisitos legales como de interés general.
Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a la que ha tenido acceso eldiario.es, la maniobra por la que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento trataron de legalizar la instalación es ilegal. Un movimiento que intentaron después de que en 2013 el Tribunal Supremo fallase que no era legal el proyecto al no cumplir con los requisitos administrativos exigidos para justificar su condición de interés general.
“Se desprende con meridiana claridad que el excepcional interés público (…) no está motivado en el caso de autos, pues responde al intento de sustraerse a la aplicación de las reglas de autorización y disciplina urbanística que, en materia urbanística, corresponde a los ayuntamientos (…) y no a la existencia de razones excepcionales de interés público que tendrían que haberse puesto convenientemente de manifiesto”, indicó el Supremo hace unos años coincidiendo con la argumentación que presentó en 2010 el TSJM, primer organismo en fallar contra este proyecto.
Pero volviendo al motivo de esta nueva sentencia. El mismo año en el que Alto Tribunal cargó contra el campo de golf, la Comunidad de Madrid intentó moverse rápido para invalidar la decisión judicial. Para ello, el Gobierno regional de Aguirre elaboró un plan especial –que completó Ignacio González con su ascenso a presidente- para legalizar el proyecto. Una maniobra que contó con el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid que dirigía Ana Botella y que, anteriormente cuando el proyecto estaba en fase de aprobación, Alberto Ruiz-Gallardón no dio (en forma de licencia) al no cumplir los requisitos necesarios. Una estrategia que ha encontrado la oposición de los vecinos, a través de varias asociaciones y en numerosas ocaciones, y que este viernes se ha topado con el muro de la justicia que ha ilegalizado el plan.
La argumentación del TSJM se basa en que ese plan buscaba “un incremento artificioso de la superficie de zona verde” para legalizar la instalación, intentando camuflar el interés particular del proyecto por un interés general gracias a las ‘falsas’ zonas verdes. “Los intereses generales han quedado desplazados por el interés particular de la legalización, con claro desvío de poder”, asevera el contundente texto jurídico. Sin olvidar que la maniobra buscaba ganarse ‘ganarse’ la legalización de “un uso deportivo singular contrario al planeamiento urbanístico”.
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