La FEMP pide explicaciones al ministro de Hacienda sobre las cartas que está enviando a varios ayuntamientos pidiendo el cierre de empresas públicas deficitarias. Cristóbal Montoro vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez por las cartas que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está enviando a varios ayuntamientos pidiendo el cierre de empresas municipales en situación de desequilibrio financiero, según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Algo que no ha gustado nada a la FEMP.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, ha exigido explicaciones inmediatas al ministro sobre esta iniciativa que afectaría a aquellas sociedades que prestán servicios públicos como depuración de agua, tratamiento de residuos o transporte urbano. El alcalde de Vigo ha puesto de manifiesto la preocupación de gran parte de los regidores de España que “ven venir el cierre de servicios públicos fundamentales”.
De ahí que la FEMP ha reclamado también por escrito a Montoro explicaciones sobre las medidas que quiere aplicar en estos municipios a los que les ha llegado el requerimiento de Hacienda en forma de cartas “temerarias” e “imprudentes”. Según Caballero, si la amenaza implica el cierre de estos servicios, “que nos diga quién los va a prestar”.
Por ello, la federación que aglutina a los ayuntamientos españoles ha aconsejado al ministro que “reflexione” y “empiece a considerar una moratoria de la aplicación” de la mencionada ley sobre la administración local que, además en estos aspectos, “está recurrida en el Tribunal Constitucional y pendiente de resolución”.
Asimismo, Caballero ha señalado que la exigencia de Hacienda es “injusta por cuanto la Local es la Administración que mejor está cumpliendo con todas las exigencias financieras de Europa”. “Por no decir la única que supera todos los objetivos”, ha recordado el presidente de la FEMP, que ha presumido de que tienen un superávit de 5.000 millones de euros.
El PSOE y CCOO también han mostrado su rechazo. La secretaria de Política Municipal del partido, Adriana Lastra, ha mostrado su “rechazo frontal” a los planes de Montoro de “disolver multitud de empresas públicas y fundaciones municipales que prestan servicios diversos a la ciudadanía” y ha exigido a Mariano Rajoy que “paralice inmediatamente esta medida del Ministerio de Hacienda”.
Para los socialistas se trata de un “ataque directo a la autonomía municipal, a las empresas públicas y a miles de españoles y españolas que están recibiendo sus servicios” que se produce, además, “con premeditación y alevosía, en pleno mes de agosto y con un gobierno en funciones”.
El PP, según Lastra, arremete una vez más “contra la autonomía local a través de un gobierno en funciones que carece de autoridad política y apoyos parlamentarios, y que ha sido incapaz de dar explicaciones ni a la FEMP, entidad representativa de los ayuntamientos españoles, ni a los partidos políticos con representación parlamentaria”.
Comisiones Obreras, por su parte, ha denunciado que “detrás de las instrucciones de Hacienda de cierre de empresas municipales está el intento de privatizar servicios públicos”. El sindicato ha remarcado que los servicios públicos “no deben de valorarse bajo parámetros exclusivos de rentabilidad económica, pues cumplen una función social que, una vez más, con este acto, el Gobierno en funciones parece obviar”. Y se ha preguntado “¿Qué sucederá si localidades como Valencia, Alicante se ven “instadas” a cerrar su empresa municipal de transportes?” o “¿Qué ocurrirá si Mieres del Camino con menos de 50.000 habitantes pero distribuidos en más de 15 núcleos de población no pueden contar con servicio público de transportes?”.
El Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, ya ha dejado claro al titular de Hacienda que mantendrá el servicio de transporte público de la Empresa Metropolitana de Transportes (EMT) a pesar de la carta enviada por el ministerio para que cierre esta entidad.
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