La Asociación Judicial Francisco de Vitoria califica de “intolerables” las sospechas de Catalá y “de risa” que Villalobos “eche la culpa al primo del juez” por el ‘caso de los ordenadores de Bárcenas’. “El auto tiene contradicciones flagrantes”, “Los jueces son seres humanos con sus aficiones” o “A lo mejor es informática, o su marido o hijo o su primo hermano, que es de Izquierda Unida” (en referencia a la juez del ‘caso de los ordenadores de Bárcenas’) han sido las últimas declaraciones que ha protagonizado el PP, concretamente el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá (la primera de estas afirmaciones) y la exvicepresidenta del Congreso Celia Villalobos (las otras dos), sobre la instrucción que ha salpicado al partido por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de su extesorero Luis Barcénas.
Unas palabras que han encendido a los jueces, aunque no han sido las únicas en los últimos meses. A través de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el colectivo ha lamentado que el PP dude de la imparcialidad de la juez Rosa María Freire. “Tales manifestaciones contravienen las más elementales normas de prudencia y respeto al principio de separación de poderes y a la independencia judicial que cabe exigir a tan alto responsable político”, ha denunciado la agrupación.
Para la Asociación Judicial Francisco de Vitoria este tipo de declaraciones en otro país “habría dado lugar a una seria reprobación política y social”. Aun así, el colectivo ha querido aclarar que la instrucción de los casos se realizan “por aleatorio repartos” rechazando “contundentemente” las insinuaciones de responsables políticos, periodistas y tertulianos al hacer una “directa referencia” a la labor de los jueces instructores.
En cuanto a las sospechas de Villalobos sobre la afiliación política de los familiares de la magistrada que se encarga del caso, la asociación sólo puede tomarlo con humor: “Desde luego mueve a risa echarle la culpa al primo del juez”. No obstante, las acusaciones de la popular dañan a la juez al poner el ojo de la duda sobre su imparcialidad, así como que afecta a la “dignidad personal y profesional” de Freire.
Las declaraciones de Catalá tampoco han pasado desapercibidas para la organización que ha calificado de “intolerable y poco ajustado a las exigencias de un Estado de Derecho” que un ministro de Justicia opine sobre “la concurrencia o no de infracción criminal” de un caso que se está instruyendo.
Por ello, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha exigido al Consejo General del Poder Judicial que otorgue el “necesario amparo” a los jueces que se ven sometidos a estas situaciones para que se respete el “quehacer” de los profesionales de la justicia y la “independencia del poder judicial”.
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