El PP asevera que el auto se basa de unas “falsas acusaciones” de Bárcenas que tienen una “exclusiva intencionalidad política. La decisión de la juez de Instrucción 32 de Madrid, Rosa María Freire, de procesar al Partido Popular, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Luis Bárcenas usaba en la sede del partido ya ha encontrado respuesta en Génova.
“Tanto el Partido Popular como los investigados van a interponer recurso contra la decisión del Juzgado que resulta, en su opinión, abiertamente infundada y contraria a Derecho. La línea argumentativa del auto se basa en la creencia acrítica en las palabras de Bárcenas, que no ha podido acreditar en el procedimiento que los ordenadores contuvieran información de ningún tipo”, ha anunciado la formación política en un comunicado.
La defensa de los populares está basada en la “falta de credibilidad” de las palabras de Luis Bárcenas que, a ojos del PP, “no pueden servir para abrir un proceso penal”. Por ello, la organización ve en la acusación de la juez un acto que “infringe gravemente el derecho a la presunción de inocencia de los investigados, pretendiendo dirigir contra ellos un proceso penal sin la más mínima prueba que lo sustente”.
Una acusación en la que el PP asevera que no hay pruebas “para abrir un proceso penal” en contra del criterio de la Fiscalía y donde el objetivo de la declaración de Bárcenas era “dañar la imagen del Partido Popular”. Procedimiento que “genera una grave indefensión y es, a juicio de los investigados, absolutamente contraria a uno de los principios más elementales del proceso penal, ya que es el que acusa quien tiene que probar sus afirmaciones, y no el acusado quien deba probar su inocencia”.
Es por eso que el Partido Popular ha manifestado su “más firme respaldo” a los investigados, así como la “confianza en que finalmente el Estado de Derecho acabe imponiendo su razón ante unas falsas acusaciones que tienen una exclusiva intencionalidad política”. Sin querer olvidar, tal y como ha recordado el PP, que “este procedimiento ya fue archivado en su día, por no resultar acreditada la comisión de ningún ilícito penal”.
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