Cerca de 500 jueces y las principales asociaciones exigen el fin de los aforamientos y los indultos

Las cuatro grandes asociaciones de jueces secundan las cinco propuestas de casi 500 jueces clamando por despolitizar la justicia y garantizar su independencia. La nueva legislatura que se abre en el horizonte es la oportunidad idónea que han visto cerca de 500 jueces para solucionar una serie de deficiencias en el sistema judicial. La Asamblea General de Jueces ha servido de base para que los magistrados acordasen cinco grandes demandas para despolitizar la justicia y garantizar su independencia. Unas propuestas a las que se han sumado las principales asociaciones de jueces.

Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente manifiestan su apoyo a las medidas de los casi 500 jueces en las que se encuentran demandas que suenan en las calles como el fin de las puertas giratorias “entre justicia y política” o la supresión “de los aforamientos e indultos gubernativos”.

Las organizaciones insisten en la necesidad de un Pacto de Estado en materia de justicia ya que supondría “responsabilidad, madurez democrática y respeto” hacia el colectivo. Por ello, espetan a los partidos políticos que recientemente han recibido el apoyo en las urnas de los ciudadanos, que “no hagan oídos sordos” e incluyan estas medidas que ha acordado el sector.

Pero no son los únicos deberes que dictaminan tanto los jueces como las organizaciones: se han de acometer “importantes reformas estructurales para vencer la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones” con el fin de “avanzar en calidad democrática”.

Cinco medidas prioritarias entre las que, aparte de acabar con las puertas giratorias entre políticos y jueces y suprimir los aforamientos e indultos, también se encuentran apostar por un “sistema mixto de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial entre la judicatura y el parlamento” donde rija el principio de “un juez, un voto”; acabar con la actual “discrecionalidad en la designación de cargos judiciales por el Consejo General del Poder Judicial mediante una regulación objetiva de los nombramientos”; y proceder con una investigación de los delitos dirigida por autoridad imparcial e independiente desligada “por completo” del Poder Ejecutivo, Legislativo o cualquier otra influencia política.

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