El Consejo de la Mujer de Madrid otorga el doble de representación a patronal que a sindicatos

CCOO y UGT recuerdan que como entidades independientes merecen el mismo número de delegadas que la Confederación de Empresarios de Madrid. La vuelta a la vida del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, disuelto en 2011 y retomado por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes, no es del gusto de la mayoría de actores implicados. Después de que un manifiesto de hasta 24 organizaciones de mujeres calificara de “decretazo” la composición del nuevo órgano, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) vuelven a la carga para manifestar su malestar.

En una carta de protesta a la Directora General de la Mujer en la región, Mº Dolores Moreno, los sindicatos piden derogar el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico del Consejo: “Este decretazo se ha publicado sin entrega previa del borrador del mismo para que pudiéramos aportar sugerencias, ignorando la obligación de un trámite de audiencia previo, a pesar de nuestra reiterada insistencia en ello, como nos corresponde en calidad de agentes sociales”, denuncia el colectivo.

Además, los sindicatos rechazan la distribución de delegadas: “No entendemos que la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM) tenga dos delegadas y CCOO Madrid una y UGT Madrid una”, denuncia el colectivo. “Como organizaciones independientes, a los agentes sociales nos debería corresponder el mismo número de Delegadas al Consejo”, recuerdan.

La carta recuerda a la responsable del Ejecutivo del PP que los Consejos de la Mujer son “el instrumento de participación y consulta de las mujeres en la actividad social, política y cultural, a través de las asociaciones de mujeres, o las federaciones que las representan, y nos consta, que tampoco habéis contado con ellas”.

Se refieren a las quejas del colectivo de asociaciones de mujeres, que hace apenas dos días denunciaba que el Consejo incumplía al menos tres “condiciones básicas de un órgano de participación ciudadana”. En primer lugar la participación: “Solo una pequeña parte del movimiento feminista y de mujeres se encuentra representado, de un censo de 564 entidades de mujeres en la Comunidad de Madrid”, criticaban.

Rechazan también los requisitos exigidos para formar parte del mismo: “La democracia no puede verse cuestionada por criterios de participación arbitrarios y ajenos a las mas elementales normas de representatividad de las asociaciones de mujeres, recurrir a la antigüedad como criterio de incorporación al Consejo es una condición de dudosa naturaleza democrática”.

Por último critican, al igual que los sindicatos, “que en toda organización democrática se aprueba tras su constitución y por consenso de las asociaciones que lo integran, salvo que se pretenda someter su actividad al mandato y gestión de los órganos de gobierno de la Comunidad de Madrid”, se lee en la carta remitida a Cifuentes hace dos días.

CCOO y UGT concluyen que el Consejo “no responde al objetivo de su constitución, que se supone que es la intervención y participación real de las organizaciones de mujeres en las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres de la Comunidad de Madrid. “Os reiteramos nuestra voluntad de diálogo y participación en todas aquellas materias, servicios y Estrategias que mejoren la vida familiar, laboral y social de las Mujeres Madrileñas”, concluyen los sindicatos solicitando una vuelta atrás del proceso.

Según anunciaba el Gobierno regional hace unas dos semanas, el nuevo reglamento establece que el Consejo de la Mujer es un órgano de deliberación, consulta y participación de las mujeres, a través de las asociaciones, federaciones de mujeres y entidades en el desarrollo político, social, económico y cultural de la Comunidad de Madrid.

El Ejecutivo del PP fijó que en el proceso de selección de vocales podrán participar las asociaciones y federaciones de mujeres que reúnan diversos requisitos, como estar legalmente constituidas, no perseguir fines lucrativos, contar con una estructura y régimen de funcionamiento democrático, acreditar un número mínimo de 150 mujeres asociadas, y tener una existencia de al menos cuatro años y haber realizado en los dos últimos años programas relacionados con la igualdad y lucha contra la discriminación de las mujeres.

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