El 85% de los inmigrantes internados en el CIE de Madrid llevaba más de tres años en España

Sos Racismo documenta más de 250 casos para evidenciar cómo la política migratoria a la que contribuyen estos centros no respeta el arraigo y solo sirve para «atemorizar y estigmatizar». La ONG SOS Racismo visitó a 257 personas recluidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, a lo largo de 2015. Ha podido documentar así la situación de alrededor del 15% de los internos del centro, mediante 681 visitas realizadas por 16 activistas de la plataforma. Hasta el 85% de ellos fueron trasladados al CIE cuando llevaban más de tres años en España: solo un 15% fueron privados de libertad por no tener su documentación de residencia en regla en los tres primeros años de estancia en el país.

“Por lo tanto, la mayoría de personas visitadas tenían indicios fuertes de arraigo”, denuncia el informe que la ONG viene realizando anualmente sobre unas instituciones dependientes del Ministerio del Interior que funcionan con gran opacidad y que son acusadas de vulneración sistemática de los Derechos Humanos de las personas que pasan por sus instalaciones.

Gran parte de ellas son expulsadas a su país de origen sin tener en cuenta el factor de arraigo: según datos del Informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2014),el 52,55% de las personas internadas en el CIE son finalmente deportadas. “El 33.5% de las personas visitadas llevaba más de 6 años en España, habiendo casos que llevaban más de 20 años, 30 años o toda la vida en el país”, sostiene la plataforma.

“Consideramos estos datos de especial relevancia puesto que creemos que reflejan la realidad del sistema de políticas migratorias represivas: además de romper familias, dejar a menores de edad sin padres o madres, a personas sin pareja, casas compradas o trabajos, demuestran que la función que tienen los CIE es la de romper historias de vida”, critica el informe.

Con esta recopilación de casos, SOS Racismo pretende documentar las condiciones de internamiento y sus consecuencias psicosociales para los inmigrantes, bajo la tesis de que estos centros que privan de libertad a personas ‘sin papeles’ por una falta administrativa solo tienen la función de infundir “miedo” en la población migrante irregular. Documenta casos de malos tratos y atención deficiente e incide en las situaciones personales de extrema vulnerabilidad.

“La dificultad para regularizar la situación administrativa queda patente con un 11,7% de personas que, habiendo tenido acceso a permisos de residencia, los había perdido”. Sos Racismo denuncia que estos “procesos de irregularidad sobrevenida” reflejan la situación de vulnerabilidad en la que quedan las personas que, tras años trabajando y construyendo futuro en España, pierden los permisos y se enfrentan a una ruptura total.

Según han documentado esta ONG y otras plataformas que luchan por el cierre de los CIE, buena parte de las personas que recalan en los centros de internamiento son detectadas en “redadas racistas”, en las que se pide la documentación a personas en función de su color de piel y rasgos físicos. A partir de ahí pueden ser deportadas sin volver a sus casas ni para recoger algunas pertenencias.

“Cabe recordar que el internamiento en el CIE tiene un carácter cautelar, preventivo; es decir, que se concreta en la privación de un derecho fundamental como es la libertad ambulatoria con el fin de asegurar la expulsión del territorio”, recuerda la plataforma.

Sin embargo, los CIE cuentan con una infraestructura y una gestión absolutamente penitenciarias. “Además de esto y teniendo en cuenta el número de personas que son finalmente deportadas, podemos afirmar que estos centros tienen una función represiva, funcionan como castigo a la irregularidad, para atemorizar y estigmatizar”, concluye SOS Racismo.

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