Una nueva oficina vigilará la contratación pública al entender que algunos proyectos público-privados en sanidad, educación o infraestructuras se hicieron sin las suficientes garantías. La cartera de Cristóbal Montoro considera que uno de los motivos del desfase presupuestario y del exceso de endeudamiento público fue “la realización de inversiones de dudosa viabilidad y sostenibilidad financiera”. El Ministerio de Hacienda parece hablar sin tapujos al admitir que “se han puesto en marcha muchos proyectos de colaboración público-privada en ámbitos como la gestión del agua y sus infraestructuras, la construcción, conservación y explotación de carreteras, el transporte ferroviario, la educación o la sanidad” para los que, sin embargo, no se ha dispuesto “de una información completa y rigurosa ni de unos criterios comunes de análisis de la sostenibilidad y eficiencia de estos proyectos que permitieran acometerlos con garantías”.
Es por ello que el pasado mes de octubre el departamento de Montoro ideó la Oficina Nacional de Evaluación, que tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, “una necesidad especialmente relevante en un contexto como el actual de déficit y endeudamiento públicos”. Hoy, Hacienda ha remitido el proyecto de este nuevo órgano a las Comunidades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Da dos semanas para recibir sus alegaciones y fijar el proyecto que deberá regular la composición, organización y funcionamiento de este nuevo fiscalizador de la contratación pública.
Sirva de contexto un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que en 2015 cifró en unos 47.000 millones de euros anuales el coste de la ‘mala’ contratación pública en España: además de los casos de corrupción, el regulador se refería a fallos como la falta real de competencia y transparencia en las adjudicaciones, que redunda en un grado constante de ineficiencia en el sistema contratación pública a todos los niveles administrativos.
En este sentido, el nuevo órgano de Montoro para evitar el derroche de dinero público deberá “mejorar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, una necesidad especialmente relevante en un contexto como el actual de déficit y endeudamiento públicos”, afirma el Ministerio en un comunicado. “El análisis económico del gasto público exige valorar no sólo cuánto se gasta y si es eficaz porque logra el objetivo marcado, sino que también exige un análisis de calidad del gasto”, Texto enlazado pide el anteproyecto que propone el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El Gobierno del PP en funciones cree que el país vive un momento de recuperación de parte de la inversión institucional “para impulsar el crecimiento a través de la colaboración público-privada en sectores relevantes para la competitividad de la economía y pensando en la creación de empleo”.
Por ello, y para velar mejor por las arcas públicas que “en el pasado”, Hacienda ve necesaria “la creación de un órgano de análisis de esas inversiones”. “El cometido de ese órgano será garantizar que los proyectos que se financian son eficientes, viables y sostenibles, en el marco de la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria”, subraya el departamento.
No obstante, la Oficina Nacional de Evaluación será voluntaria para las administraciones regionales: “Analizará la sostenibilidad financiera de contratos de concesiones de obras y de servicios públicos, tanto del Estado como de Corporaciones Locales, así como de aquellas Comunidades Autónomas que decidan adherirse a la misma, mediante la emisión de informes preceptivos previos a la aprobación de los proyectos que sirvan de base a los procedimientos de licitación”.
También establecerá el contenido y plazos para la emisión de los informes y su publicación en la central de información económico – financiera de las Administraciones Públicas, dependiente del Minhap.
La Oficina se configurará como un órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Formarán parte de la misma los ministerios más directamente implicados en este tipo de proyectos de inversión; además, abre la puerta a la participación del sector privado, aunque el diseño está por conocer: “Podrá contar con la participación tanto del sector privado como de las Administraciones autonómicas y locales”, sostiene el Ministerio. “También las empresas y ciudadanos interesados que lo deseen puedan formular cuantas observaciones estimen convenientes para mejorar el proyecto”, invita el Ejecutivo.
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